En medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante, el presidente Gustavo Petro afirmó que el salario vital ya fue decretado y es “irreversible”, en una clara respuesta al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, quien anticipó una política salarial más moderada para 2027. La discusión, que se desarrolló entre redes sociales y entrevistas radiales este 6 de agosto, marca el tono del debate económico que enfrentará el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella.
Petro, cuyo mandato concluye precisamente este 6 de agosto, publicó en su cuenta de X que “el salario vital es orden de la constitución y ya fue decretado y es irreversible. Es uno de los grandes logros sociales del gobierno de la vida y del cambio”. Horas antes, Miguel Gómez, quien será el encargado de las finanzas públicas a partir de ahora, había señalado en Caracol Radio que “nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”. El presidente electo De La Espriella observa con atención un debate que impacta directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo en Colombia, según datos del Ministerio del Trabajo.
El aumento decretado para 2026 fue del 23,7%, llevando el salario mínimo a $1’750.905. Gómez, sin embargo, plantea que los incrementos futuros deben atarse a la inflación proyectada, que estima alrededor del 5,1%, y a la productividad. “El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”, afirmó el designado ministro, quien también advirtió que “nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación”.
La fórmula de Petro frente a la racionalidad de Gómez
Ante los planteamientos del gobierno entrante, el presidente saliente propuso una fórmula concreta para calcular el salario vital. Según explicó en su publicación, se debe “observar el dato de la línea de la canasta vital familiar fijada por el Dane, y dividir por 1.5 porque ese es el promedio de trabajadores por familia en el país, a esa suma se le agrega la tasa de incremento de la productividad del trabajo y así se obtiene el nuevo salario mínimo vital para el año entrante por el cual hay que luchar si el gobierno entrante establece un salario mínimo más bajo”.
“El salario vital es orden de la constitución y ya fue decretado y es irreversible. Es uno de los grandes logros sociales del gobierno de la vida y del cambio”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Detrás de esta disputa hay concepciones distintas sobre el desarrollo económico. Mientras Petro defiende el salario vital como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, definición que se alinea con la Organización Internacional del Trabajo, Gómez sostiene que los aumentos por encima de la productividad generan mayores costos laborales, reducción de utilidades y presión sobre los precios. Petro, en cambio, argumenta que el aumento permite “más ingresos, aumentos en el consumo, crecimiento en la producción y empleos de mayor calidad”.
“Nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”
Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado
La pulseada no termina aquí. Está pendiente una decisión del Consejo de Estado sobre una demanda contra el último aumento decretado, lo que añade incertidumbre jurídica a la discusión económica. Mientras tanto, el empalme entre el gobierno saliente y la administración de Abelardo De La Espriella avanza en medio de este choque de visiones, que definirá no solo el salario de 2027 sino el rumbo de la política laboral del nuevo cuatrienio.
