Un operativo policial contra la minería ilegal en la mina Frontera Gold, en el municipio de Segovia, Antioquia, terminó en graves disturbios que dejaron un manifestante muerto, tres personas heridas y múltiples bloqueos viales. El allanamiento, ejecutado en la madrugada del 12 de julio entre las 2:30 y las 3:00 a.m., movilizó a unos 150 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, el Ejército Nacional y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), quienes irrumpieron sin previo aviso en el yacimiento del que dependen centenares de mineros artesanales.
Según versiones de testigos consultados por medios regionales, la fuerza pública no mostró ninguna orden de allanamiento y utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego contra los manifestantes. Un testimonio recogido por El Colombiano relató: “Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica y empezaron otra vez de nuevo los ataques del Ejército. Toda la noche estuvieron hostigándonos el Ejército, la Policía y el Esmad (hoy Undmo) con gases”. La situación escaló hasta un intercambio de disparos en el que un soldado respondió a un ataque armado presuntamente proveniente de un manifestante, lo que derivó en la muerte de una persona y tres heridos adicionales. Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada oficialmente ni se había confirmado su posible vinculación con grupos ilegales.
Gobernador atribuye disturbios al Clan del Golfo
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras un Consejo de Seguridad extraordinario y afirmó que los hechos constituyen una retaliación del Clan del Golfo contra los operativos antiminería ilegal. “Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal. A esta hora persisten cuatro bloqueos en los accesos al municipio, con quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional”, declaró el mandatario.
Los bloqueos, que aún se mantienen en las vías que conectan a Segovia, han generado una grave afectación a la movilidad y a la vida cotidiana de los habitantes. La quema de vehículos y la incineración de una volqueta se suman a los ataques contra la fuerza pública. En barrios residenciales, los gases lacrimógenos ingresaron a las viviendas, obligando a salir a familias enteras, incluidos niños, según denunciaron vecinos. Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron de manera urgente el esclarecimiento de los hechos y garantías para la población civil, mientras que algunos testimonios señalaron una presunta coordinación entre las autoridades y la multinacional Aris Mining para ejecutar la intervención. La empresa respondió que el operativo fue un asunto de orden público. La Policía Departamental, por su parte, no había emitido un pronunciamiento oficial hasta el cierre de esta nota.
“Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal”.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Este nuevo episodio de violencia en el nordeste antioqueño pone en evidencia la compleja disputa por el control de la minería, donde confluyen intereses de multinacionales, mineros artesanales y grupos armados ilegales. Mientras las autoridades insisten en que el operativo buscaba desmantelar la minería ilegal, la comunidad exige respuestas sobre la muerte del manifestante y el uso de la fuerza en una protesta que, según los testigos, inició de manera pacífica.
