En un balance que revela luces y sombras a diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República informó que Colombia ejecutó $127,85 billones entre 2017 y 2025 para implementar el pacto firmado con las extintas Farc-EP. El contralor general encargado, Carlos Silgado, dio a conocer las cifras durante la inauguración del ‘Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad’, un evento académico e institucional que congrega a universidades, entidades estatales, sociedad civil y observadores internacionales. Con la apropiación presupuestal prevista para 2026, la inversión total alcanzará los $138,1 billones, una cifra que equivale al 65 % del costo que inicialmente se estimó para los primeros 15 años de implementación del acuerdo, calculada en pesos constantes de 2025.
Pese al monto millonario, el informe de la Contraloría pone en evidencia un avance parcial en el cumplimiento de lo pactado. De los 578 compromisos específicos del Acuerdo Final, solo el 35 % se considera completamente implementado. La inversión se ha distribuido en seis ejes del acuerdo, donde la Reforma Rural Integral y los planes de sustitución de cultivos ilícitos representan los mayores desafíos. A pesar de la desmovilización de cerca de 13.000 integrantes de la guerrilla, la persistencia de disidencias armadas, el asesinato de líderes sociales y las demoras en la entrega de tierras continúan siendo obstáculos críticos para la consolidación de la paz en los territorios.
Avances en desarme y justicia transicional
Entre los logros más destacados del proceso, la Contraloría resalta la desmovilización de aproximadamente 13.000 excombatientes y la entrega de su armamento, proceso que contó con la verificación de la Organización de las Naciones Unidas. La creación del partido político Comunes, que surgió de las extintas Farc-EP, también figura como un hito institucional. En el ámbito de la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa recibiendo versiones de los comparecientes, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto.
«La paz sigue siendo una tarea viva, un proceso en construcción que exige transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y una gestión orientada al cumplimiento de la promesa de valor para las víctimas y los territorios más afectados por la violencia»
Carlos Silgado, contralor general (e)
El contralor encargado subrayó que, si bien se han destinado recursos sin precedentes, la eficiencia en su ejecución sigue siendo el principal reto. La Contraloría anunció que próximamente entregará un documento completo con el detalle pormenorizado de la inversión en cada uno de los seis ejes del acuerdo. El balance general, difundido a través de la cuenta en X del organismo de control, insiste en que el camino hacia la paz requiere no solo de presupuesto, sino de una gestión pública rigurosa que garantice que los beneficios lleguen a las comunidades históricamente marginadas. Mientras el país se prepara para conmemorar una década de la firma del acuerdo, las cifras invitan a una reflexión sobre la distancia que aún separa la letra del pacto de su plena realidad en los territorios.
