El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a través de un video difundido en sus redes sociales la eliminación de 229 cargos del Estado, entre los que se incluyen la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. La medida, que busca un ahorro estimado de cerca de $10.000 millones anuales, se enmarca en su promesa de reducir la burocracia y optimizar recursos, transformando la Presidencia en un “centro de coordinación ejecutiva” sin “cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”, según declaró el mandatario electo, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026. Las responsabilidades de las entidades suprimidas serán asumidas por funcionarios de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa.
Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos. La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación. “Suprimir entidades que por varias décadas han ocupado un lugar central para la interlocución y concertación de acuerdos sociales, así como el impulso de políticas públicas para la vigencia de los Derechos Humanos, en un Estado que sigue adoleciendo de garantías sustanciales para los mismos, deja muchas incertidumbres para la convivencia y la dignidad del pueblo colombiano en los próximos años”, señalan las organizaciones firmantes.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
Las organizaciones consideran que, en lugar de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano debería “elevar la jerarquía de los Derechos Humanos dentro del entramado institucional, de manera que se articulen efectivamente todos los organismos involucrados en la superación de la actual crisis humanitaria”. Esta consejería, cabe recordar, coordinaba la implementación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos solicitado por la ONU hace más de 30 años, lo que añade gravedad a la supresión. Además, la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final podría frenar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC.
“Invitamos a la comunidad internacional a que observe con atención el desarrollo de esta situación y vele por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos y Paz”.
Organizaciones firmantes del comunicado
El presidente electo pretende trasladar la misionalidad de las entidades de paz a un Comisionado Nacional de Seguridad, lo que las organizaciones consideran que “desvirtúa” la política de paz. Las consecuencias, advierten, serían “nefastas” en términos de violación de derechos y restricción de libertades. En su comunicado, las plataformas de derechos humanos y búsqueda de la paz instan a la comunidad internacional a observar con atención el desarrollo de esta situación y velar por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia. La polémica medida de De la Espriella deja abiertas múltiples incertidumbres sobre el futuro de la protección de derechos humanos y la implementación de la paz en el país.
