En una decisión que marca un hito en la transición de gobierno, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó la suspensión inmediata del proceso de contratación de nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual contemplaba un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos. La medida, adoptada tras la presentación de seis acciones de tutela y las alertas del equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella, frena uno de los procesos de contratación más cuestionados del gobierno saliente a menos de 40 días de la posesión del nuevo mandatario.
El vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo Abondano, celebró la decisión judicial y la vinculó directamente con el trabajo de vigilancia que su equipo ha desplegado durante las últimas semanas. «Nuestro empalme anticorrupción está dando resultados. Este es el resultado de un proceso serio, riguroso y vigilante para proteger los recursos de todos los colombianos», afirmó Restrepo, quien ha liderado las denuncias sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación pública que el gobierno de Gustavo Petro adelanta en sus últimos días de gestión.
La controversia se originó cuando el equipo de empalme detectó que el proceso de licitación para la contratación de escoltas fue modificado «de manera injustificada», según señalaron en las alertas remitidas a la Procuraduría. El cambio más grave, advierten, es que la cobertura del nuevo contrato se restringió a las Zonas 1 y 2, dejando por fuera las Zonas 3 a 10, lo que generaba riesgos laborales y posibles tratos discriminatorios para los escoltas que operan en esas regiones. «Así es como se defienden los recursos públicos: con transparencia, control y absoluto respeto por la ley», agregó el vicepresidente electo.
Nombramientos bajo la lupa en plena transición
La suspensión del proceso de escoltas se suma a las más de 5.000 provisiones de cargos que el equipo de empalme anticorrupción ha puesto bajo la lupa, cuestionando la oportunidad y la necesidad de estos nombramientos a menos de dos meses de la posesión presidencial del 7 de agosto. En particular, Restrepo había solicitado a finales de junio la suspensión de los nombramientos en la UNP derivados del Decreto 0670 de 2026, expedido por el gobierno Petro, que habilita cambios en los requisitos para los oficiales de protección.
«Con la seguridad del presidente, de las autoridades de la nación, de Colombia, no se juega», sentenció Restrepo al referirse a las designaciones en la UNP. El dirigente aclaró que su equipo no cuestiona la validez jurídica del decreto ni anticipa pronunciamientos sobre su contenido, pero insistió en que las decisiones sobre la seguridad presidencial deben apegarse estrictamente a la Constitución y la ley, sin precipitación en un momento de transición.
«Con la seguridad del presidente, de las autoridades de la nación, de Colombia, no se juega»
José Manuel Restrepo Abondano, Vicepresidente Electo
Como parte de la decisión judicial, la UNP deberá remitir los correos de notificación a las uniones temporales que participaban en el proceso y publicar oficialmente el auto de suspensión. Mientras tanto, el equipo de empalme anticorrupción reiteró su compromiso con la transparencia y la vigilancia en el manejo de los recursos públicos, en línea con la campaña #PatriaMilagro, asegurando que este tipo de acciones serán la norma durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
