La Defensoría del Pueblo celebró la expedición de cuatro decretos emitidos por el Gobierno saliente de Colombia durante los primeros días de agosto de 2026, los cuales buscan fortalecer la protección de defensores de derechos humanos, implementar el Acuerdo de Escazú y adoptar la primera política pública integral para la atención de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. A través de un comunicado oficial y su cuenta de la red social X, la entidad destacó que las nuevas normas —identificadas con los números 0980, 1028, 0968 y 1029— representan un avance significativo, aunque advirtió que su verdadero impacto dependerá de una implementación efectiva y sostenida en los territorios, donde persisten vulneraciones a los derechos humanos y graves crisis humanitarias.
En detalle, los decretos 0980 y 1028 establecen las bases para una política pública que garantice la labor de los defensores de derechos humanos, con especial atención a las mujeres, y promueve el derecho a defender derechos reconocido en la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional. El decreto 1028 adopta formalmente la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, un instrumento que, según la Defensoría, “fortalecen las garantías para quienes defienden los derechos humanos”. Estas disposiciones responden a la urgencia evidenciada en las Alertas Tempranas 019 de 2023 y 013 de 2025, así como en el Informe de Seguimiento 003 de 2026, y deberán articularse con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos establecido mediante el Decreto 0585 de 2026, además de contar con la Defensoría como Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales.
Compromiso ambiental y lucha contra la desaparición
En el ámbito ambiental, el Decreto 0968 del 4 de agosto de 2026 creó la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (CIEscazú), un mecanismo que contará con una hoja de ruta de 18 acciones concretas. Este acuerdo regional regula el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, e impone obligaciones específicas de protección para los defensores del medio ambiente, un sector especialmente vulnerable en Colombia. La Defensoría subrayó que la creación de esta comisión es un paso clave para cumplir los compromisos internacionales del país y garantizar que quienes protegen los recursos naturales no sean objeto de estigmatización ni violencia.
Por otro lado, el Decreto 1029 del 5 de agosto de 2026 adopta la Política Pública Integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el conflicto armado, una respuesta a una crisis que, según las cifras oficiales, afecta a aproximadamente 137.000 personas en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos de desaparición entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, lo que evidencia la persistencia de este flagelo. Esta política, construida durante más de un año con la participación de más de diez entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Asesora del Sistema de Búsqueda, busca superar obstáculos como la fragmentación institucional, las demoras estatales y las limitaciones en el acceso e interoperabilidad de la información. Además, contempla atención especial a los riesgos diferenciados y las barreras que enfrentan las mujeres buscadoras, un grupo que ha sido particularmente activo en la exigencia de verdad y justicia.
“El camino de su implementación”
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al nuevo Gobierno para que fortalezca la articulación entre las entidades, impulse las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas y preserve los espacios de diálogo existentes, como la Mesa Nacional de Garantías. La entidad enfatizó que, aunque los decretos representan un hito normativo, su efectividad se medirá en la capacidad de las instituciones para traducir esas disposiciones en acciones concretas que lleguen a las comunidades más afectadas, especialmente en zonas rurales y regiones históricamente golpeadas por el conflicto. La urgencia de una implementación real, advirtió la Defensoría, es la única garantía de que estas herramientas legales no queden en el papel y contribuyan a cerrar las brechas de impunidad y desprotección que aún marcan la realidad colombiana.
