El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evalúa en estos momentos la posibilidad de dispersar a los miembros de la Oficina de Envigado que se encuentran recluidos en la Cárcel de La Paz, en Itagüí, hacia diferentes penales del país. La medida busca evitar la concentración de esta estructura criminal en un solo centro de reclusión y prevenir hechos de violencia o intentos de fuga, en medio de la controversia que rodea la posible excarcelación anticipada de su máximo líder, José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas.
La decisión responde a un grave incidente de seguridad ocurrido el pasado 8 de abril de 2026, cuando se descubrió una fiesta ilegal al interior de la penitenciaría de Itagüí. Este hecho motivó el traslado inmediato de 23 cabecillas de la organización y la orden gubernamental de reforzar la seguridad con un anillo especial de la Policía Militar. El presidente Gustavo Petro anunció en su momento que los responsables de permitir el evento serían removidos de sus cargos. Ahora, como parte de las nuevas estrategias de control penitenciario, el Inpec estudia replicar un esquema de dispersión que se aplicó hace aproximadamente cuatro años, con el fin de dificultar la coordinación interna de las estructuras delictivas desde la cárcel.
Los beneficios judiciales de alias Douglas
Paralelamente, la situación judicial de alias Douglas mantiene en vilo a las autoridades. El líder de la Oficina de Envigado ha redimido más de 7.700 días de condena, equivalentes a más de 17 años de reclusión, gracias a su participación en actividades como labores de aseo, restauración ambiental, oficios carcelarios y la redacción de relatos de ficción, todas validadas oficialmente. Su defensa ha presentado informes médicos que alegan graves problemas de salud, entre ellos cáncer, fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria y diabetes, con el objetivo de obtener beneficios humanitarios o medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, en febrero de 2025, un juez negó su solicitud de arresto domiciliario, y la controversia sobre su posible participación en mesas de paz y el impacto de estas en reducciones de pena sigue siendo objeto de revisión judicial. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias avanzan en la evaluación de los traslados masivos, con la convicción de que dispersar a los cabecillas es una herramienta clave para debilitar el poder de fuego y la capacidad de mando de la organización desde la clandestinidad de los centros de reclusión.
