La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 16 años al excanciller Álvaro Leyva Durán, sanción que se suma a una inhabilidad previa de 10 años, acumulando así un total de 26 años para ejercer cargos públicos. El fallo, fechado el 17 de julio de 2026, fue emitido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que declaró probado el cargo único formulado contra Leyva por su actuación como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro.
La nueva sanción, revelada por 6AM W de Caracol Radio con acceso al documento oficial, obedece a un proceso disciplinario en el que se determinó que Leyva incumplió una sanción anterior. Con esta decisión, el excanciller, quien ya enfrentaba una inhabilidad de una década, ve extendido su castigo a más de un cuarto de siglo, lo que prácticamente lo excluye de la vida pública en el futuro previsible.
Los detalles de la providencia
En la providencia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ordenó “imponer a Álvaro Leyva Durán la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de dieciséis (16) años”. El documento, firmado por la secretaria Sonia Yaneth Meneses González, también lleva las rúbricas de la Procuradora Delegada Gloria Yanet Quintero Montoya y el Procurador Delegado Gabriel José Romero Sundhein. La decisión fue notificada a los sujetos procesales y se dispuso su registro inmediato en la plataforma Siri de la Procuraduría, así como la actualización en el Sistema de Información Misional (SIM).
“Se declara probado y no desvirtuado el cargo único formulado a Álvaro Leyva Durán, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores”
Documento oficial de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento
Tanto Leyva como su apoderado, William Felipe Saavedra Bermúdez, pueden interponer recursos de apelación contra el fallo, por lo que la noticia se encuentra en pleno desarrollo. La acumulación de sanciones marca un precedente severo para un exfuncionario que ya había sido castigado por hechos anteriores, y deja claro el rigor disciplinario de la Procuraduría en casos de incumplimiento de sanciones previas. La comunidad política y jurídica sigue con atención los próximos pasos del excanciller y las posibles reacciones desde el Gobierno nacional.
