La audiencia de conciliación entre el representante a la Cámara Daniel Briceño y el exfiscal Eduardo Montealegre, que estaba prevista para el 25 de agosto de 2025 a las 8:30 a.m. en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue reprogramada por solicitud de la parte querellante, es decir, el propio Montealegre. La Corte accedió a la petición luego de que los querellantes aportaran el soporte que justifica la solicitud, y la nueva fecha será anunciada posteriormente.
El origen de este enfrentamiento judicial se remonta a las denuncias públicas que Briceño, el representante más votado de la actual legislatura, hizo sobre contratos millonarios de la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada a la familia de Montealegre, con el Sistema de Medios Públicos (RTVC) durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según Briceño, la firma habría recibido cerca de 1.800 millones de pesos por servicios jurídicos relacionados con la fallida consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Montealegre, por su parte, respondió querellando al congresista por esas afirmaciones que considera difamatorias.
Briceño asegura que no se retractará
El representante del Centro Democrático se mostró dispuesto a comparecer ante la Corte y dejó claro que mantiene cada uno de sus señalamientos. En declaraciones a la prensa, Briceño afirmó: «Estábamos listos para ver a Eduardo Montealegre este martes ante la Corte Suprema de Justicia, pero el señor Montealegre pidió aplazar la diligencia. Les contaré cuando haya nueva fecha». Además, el congresista sostiene que su intención es defender sus denuncias en la audiencia y que no se retractará, pues considera que sus afirmaciones están respaldadas por documentos y cifras concretas.
«No tiene nada de canal público; es una máquina de propaganda»
Daniel Briceño, sobre el Sistema de Medios Públicos bajo Hollman Morris
Uno de los puntos centrales del conflicto es el monto exacto que, según Briceño, ha recibido Montealegre del Gobierno Petro. El congresista detalló: «$1.788.856.667 pesos es la suma que ha recibido Montealegre por parte del gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata». En el proceso también ha sido mencionada Tania Marcela Hernández Guzmán, esposa del exfiscal, aunque no se han precisado su rol o vínculo directo con los contratos denunciados.
Briceño, quien ha hecho de la veeduría en contratación estatal una de sus principales banderas, aseguró que continuará con esa labor pese a los riesgos que implica. «Decir lo que no le gusta a muchos sectores tiene sus riesgos, pero siempre lo vamos a enfrentar», declaró. Mientras tanto, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá fijar una nueva fecha para la diligencia de conciliación, que podría definir si el proceso avanza o si las partes logran un acuerdo antes de una eventual fase judicial.
