La organización Venezolanos en Barranquilla emitió un comunicado público en respuesta al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien reveló una estrategia de control migratorio que incluye la identificación de extranjeros en situación irregular y posibles deportaciones. En el documento, la comunidad migrante advirtió que “la irregularidad migratoria no es sinónimo de criminalidad”, buscando desmarcarse de cualquier asociación automática entre su estatus administrativo y la comisión de delitos. La organización reconoció la facultad del Estado colombiano para aplicar controles migratorios, pero hizo un llamado a no retroceder en los avances logrados en materia de protección, regularización e integración de la población venezolana en el país.
Actualmente, más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, de los cuales más de 2,3 millones han obtenido Permisos por Protección Temporal, y millones más se han regularizado gracias al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una política que ha sido reconocida internacionalmente por su carácter humanitario. Frente al nuevo anuncio presidencial, la organización expresó su inquietud por un posible endurecimiento de los controles, que podría derivar en estigmatización y un aumento de la xenofobia hacia la comunidad migrante. “Una comunicación insuficiente también puede alimentar discursos de estigmatización y xenofobia”, señalaron desde la organización, subrayando la necesidad de que el Gobierno maneje el tema con claridad y sensibilidad.
Reclamo de garantías y propuesta de diálogo
Venezolanos en Barranquilla reclamó que se respeten “las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa” en cualquier procedimiento migratorio. La organización fue enfática al señalar que “quien cometa un delito debe responder ante la justicia, independientemente de que sea colombiano, venezolano o de cualquier otra nacionalidad”, insistiendo en que la condición migratoria no debe ser un factor que determine la presunción de culpabilidad. Asimismo, solicitaron que, en caso de una posible deportación o expulsión, se analicen las circunstancias personales de cada migrante, especialmente en aquellos casos con arraigo, unidad familiar, niñez o condiciones de vulnerabilidad que ameriten especial protección.
«Seguridad, legalidad, regularización e integración no son caminos opuestos, sino parte de una misma solución»
Venezolanos en Barranquilla, Comunicado público
Como parte de su propuesta, la organización instó al Gobierno Nacional a fortalecer los procesos de regularización para aquellos migrantes que quedaron excluidos de los mecanismos existentes y advirtió que el regreso a Venezuela, en las condiciones actuales, “no constituye una alternativa segura”. Para canalizar estas demandas, plantearon la creación de una mesa de trabajo conjunta que involucre al Gobierno Nacional, Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones civiles, con el fin de diseñar una política migratoria que garantice tanto la seguridad como los derechos humanos de la población venezolana en el territorio colombiano.
