La Cancillería colombiana remitió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación toda la información relacionada con el proceso de apertura, instalación y puesta en funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana, México, para que los organismos de control investiguen posibles irregularidades. La decisión del actual Gobierno, encabezado por el canciller Omar Bula Escobar, surge tras el nombramiento de Maryory Ecineth Pabón Gavilán como cónsul en esa sede, el cual se efectuó mediante el Decreto 0033 del 20 de enero de 2026, en momentos en que la sede consular aún no estaba instalada físicamente y cuando Yolanda Villavicencio Mapy se desempeñaba como canciller. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el nombramiento es un acto administrativo distinto al proceso material de apertura, pero consideró necesario que las autoridades competentes verifiquen posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y en el proceso de instalación.
De acuerdo con el comunicado oficial, las actuaciones remitidas no constituyen una imputación anticipada contra ninguna persona, sino la entrega de información para que los entes de control determinen, con independencia, si alguna de las acciones adelantadas debe ser objeto de investigación penal o disciplinaria. La Cancillería explicó que, si bien no se había asignado una partida presupuestal para la apertura al momento de iniciar las gestiones administrativas y contractuales, se adelantaron tareas como la creación de la sede en sistemas institucionales, la apertura de cuentas bancarias y la identificación de necesidades de mobiliario y equipos. Además, el Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior evaluó seis alternativas de posible sede, considerando factores como ubicación, área, accesibilidad, seguridad, costos de arrendamiento, adecuaciones y condiciones contractuales.
La designación y la investigación de los organismos de control
La designación de Maryory Ecineth Pabón Gavilán se realizó en provisionalidad en el cargo de ministro consejero, un puesto que, según la Cancillería, es parte de los actos administrativos previos que se requieren para la apertura de una sede diplomática. Sin embargo, el hecho de que el nombramiento se diera antes de que el consulado estuviera instalado materialmente generó interrogantes sobre el proceso. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado, subrayó que por tratarse de recursos públicos y de una actuación que involucra diferentes componentes administrativos, el actual Gobierno ha considerado necesario que los organismos de control conozcan de primera mano las actuaciones adelantadas y determinen, con independencia, si alguna de ellas debe ser objeto de investigación.
“La Cancillería reitera que no tiene nada que ocultar y que toda actuación relacionada con la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad fiscal, planeación y defensa del patrimonio público”.
Ministerio de Relaciones Exteriores
La Cancillería enfatizó que su prioridad es garantizar una presencia consular efectiva, transparente y al servicio de los colombianos en el exterior, al tiempo que protege rigurosamente los recursos públicos y fortalece la institucionalidad del Estado. El caso ahora queda en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, que deberán determinar si existieron irregularidades en el proceso de apertura del Consulado de Colombia en Tijuana y, de ser así, definir las responsabilidades correspondientes. La administración actual, liderada por el canciller Omar Bula Escobar, ha señalado que todas las actuaciones se han entregado a los entes de control para que actúen con total independencia.
