La evaluación conjunta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano, el Igac y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, estimó que el terremoto que sacudió a Colombia generó daños físicos directos por 42,1 billones de pesos, una cifra que representa el 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El estudio, de carácter preliminar y sujeto a modificaciones a medida que avancen las evaluaciones en terreno, busca medir el impacto económico y social del sismo para orientar la recuperación de las zonas más golpeadas, identificando además a los municipios con mayor vulnerabilidad para una atención prioritaria.
Los resultados del informe fueron dados a conocer por Claudio Tomasi, representante residente del Pnud en Colombia, quien destacó que “la respuesta del Gobierno y las Naciones Unidas, acompañada por la solidaridad ciudadana, el respaldo internacional y el apoyo del sector privado, constituyó una base para avanzar en la recuperación”. El análisis se realizó cruzando la exposición al movimiento sísmico con la fragilidad multidimensional de los territorios, logrando así identificar las regiones que presentan mayores dificultades para su restablecimiento. Según el reporte, el departamento de Risaralda fue el más afectado, con daños calculados en 14,4 billones de pesos, seguido por Valle del Cauca con más de 9,7 billones, mientras que Chocó, Caldas y Quindío registraron pérdidas superiores a los 3 billones de pesos cada uno.
Viviendas y víctimas, los impactos más críticos
El mayor peso de la catástrofe recayó sobre las viviendas, que concentraron 37,4 billones de pesos en daños, mientras que la infraestructura de salud, educación y espacios comunitarios sumó 4,8 billones de pesos. En términos humanos, la tragedia dejó un saldo de 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 356 rescatadas, además de 218.674 familias afectadas. La destrucción de inmuebles fue masiva: 37.255 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 198.720 resultaron averiadas. En total, 638 edificios colapsaron, 406 centros de salud resultaron afectados, al igual que 4.268 centros educativos y 5.524 centros comunitarios.
«La respuesta del Gobierno y las Naciones Unidas, acompañada por la solidaridad ciudadana, el respaldo internacional y el apoyo del sector privado, constituyó una base para avanzar en la recuperación»
Claudio Tomasi, representante residente del Pnud en Colombia
La magnitud de los escombros generados también representa un desafío logístico mayúsculo. Se calcula que el terremoto produjo 16,9 millones de metros cúbicos de residuos, equivalentes a 2,4 millones de camiones con capacidad de 7 metros cúbicos. De esa cantidad, Risaralda concentra más de 7,5 millones de metros cúbicos, mientras que Valle del Cauca supera los 3,8 millones. El manejo de estos escombros requerirá una coordinación exhaustiva para su remoción, transporte, separación, reciclaje y disposición segura, un proceso que el Pnud acompañará para fortalecer las capacidades locales y reducir riesgos futuros.
El informe señala que 11,4 millones de personas y 2,5 millones de estructuras estuvieron expuestas a una intensidad sísmica potencialmente dañina. De ese universo, 27 municipios fueron identificados como los de mayor vulnerabilidad, donde los impactos coinciden con niveles altos o muy altos de fragilidad multidimensional, exponiendo a 2,9 millones de personas. Entre esos municipios se cuentan Buenaventura, Bagadó, Quibdó, El Litoral del San Juan, Bajo Baudó, Medio Baudó, Tadó y Alto Baudó, en Chocó; Pereira, en Risaralda; y Sevilla y Trujillo, en el Valle del Cauca.
Los daños, advierte el Pnud, podrían agravar desplazamientos, pérdida de ingresos, dificultades de acceso a salud y educación, necesidades de protección y afectaciones psicosociales, especialmente en territorios marcados por la pobreza y la limitada capacidad institucional. La evaluación constituye así un diagnóstico preliminar que se irá ajustando, pero que ya traza la hoja de ruta para una recuperación que, según el Pnud, deberá centrarse en la reconstrucción de servicios, el fortalecimiento de las capacidades locales y la prevención de futuros desastres.
