Los ciudadanos de Bogotá que tengan comparendos pendientes por comportamientos contrarios a la convivencia bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana podrían enfrentar serias restricciones para acceder a cargos públicos, ser ascendidos en entidades estatales, contratar con el Estado e incluso obtener permisos comerciales. La advertencia fue emitida por la Secretaría Distrital de Seguridad, que en el marco del décimo aniversario de la Ley 1801 de 2016 recordó las graves consecuencias que acarrea no pagar estas multas dentro del plazo establecido. El director de Prevención y Cultura Ciudadana de la cartera, Alejandro Reyes Lozano, señaló que el objetivo de la entidad es concentrar las capacidades de la Policía Metropolitana en la persecución del delito, mientras se impulsan acciones preventivas desde las instituciones frente a los comportamientos que afectan la sana convivencia.
La sanción económica impuesta por la Policía, ya sea por riñas en espacio público, consumo de alcohol en la calle o irrespeto a las autoridades, debe ser cancelada dentro de los seis meses siguientes a su imposición. Si transcurrido ese lapso el comparendo sigue sin pagarse, comienzan a generarse intereses y la deuda es reportada al boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación. Este reporte activa automáticamente las restricciones laborales y contractuales que ahora la Secretaría recuerda con énfasis. Pero hay más: quienes reincidan en la infracción y tengan deudas anteriores sin saldar reportadas en ese boletín, deberán pagar un incremento del 50% sobre el valor de la nueva multa impuesta.
Cifras de una década de aplicación
En diez años de vigencia de la Ley 1801, la Secretaría Distrital de Seguridad reporta que cerca de 355.000 ciudadanos han sido orientados para gestionar sus comparendos. Durante 2026, un dato que llama la atención por su aparente error cronológico pero que fue consignado oficialmente, la Policía impuso 158.113 comparendos solo en el sistema TransMilenio. A través de la plataforma Lico, herramienta de Liquidación y Cobro dispuesta por el Distrito, se han realizado 116.087 pagos. En cuanto a las alternativas pedagógicas, 103.962 personas se han certificado en actividades formativas, mientras que se han llevado a cabo más de 17.000 actividades pedagógicas entre virtuales y presenciales. Los programas preventivos del Distrito han alcanzado a más de 1,9 millones de personas, y se han ejecutado 10.588 iniciativas comunitarias con enfoque restaurativo, entre las que se cuentan jornadas de limpieza, pintura y recuperación de espacios públicos.
«Cuando se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia y se pueda evidenciar el incumplimiento por parte de la misma persona en el pago de alguna multa general anterior por comportamiento contrario a la convivencia y que haya sido reportada al boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación, sin que haya sido pagada, la nueva medida se incrementará en un 50% del valor de la segunda medida».
Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá
Es importante destacar que las multas tipo 1 y 2 establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana pueden ser saldadas mediante actividades pedagógicas si el ciudadano lo solicita dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, diligenciando un formulario dispuesto por la Secretaría de Seguridad. Para quienes deseen ponerse al día, la plataforma Lico permite verificar las obligaciones pendientes y realizar el pago por PSE ingresando el número de documento, actualizando los datos personales y seleccionando la opción «Pago GOU-PSE». El comprobante de pago llega al correo electrónico registrado. Adicionalmente, los ciudadanos pueden acudir de forma presencial a los puntos Cade, SuperCade y Casas de Justicia, o comunicarse a las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, que atienden de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.
Con esta advertencia, la administración distrital busca que los ciudadanos tomen conciencia de que un comparendo por convivencia, más allá de la molestia inmediata, puede convertirse en un obstáculo de largo plazo para su vida laboral y comercial. Las restricciones para ser nombrado o ascendido en cargos públicos, contratar con el Estado y obtener permisos comerciales son consecuencia directa del reporte en mora, y la reincidencia conlleva un castigo económico aún mayor. La Ley 1801 de 2016 cumple una década como herramienta para regular la convivencia, pero sus efectos administrativos y financieros siguen vigentes para quienes decidan ignorar sus sanciones.
