El Gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para derogar el decreto que obligaba a los fondos privados de pensiones a mantener la mayor parte del ahorro de los afiliados invertido en Colombia, una medida que había sido diseñada por la administración anterior para forzar el regreso de capitales al país y que generó una fuerte polémica en el sector financiero. La decisión, revelada por Blu Radio, cuenta con el respaldo del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y busca devolverles a los fondos privados el margen de maniobra en sus decisiones de inversión, priorizando la rentabilidad y la diversificación de los portafolios por encima del uso del ahorro pensional como herramienta de política cambiaria.
El decreto cuya derogatoria se alista pretendía repatriar alrededor de 125 billones de pesos en un plazo de cinco años, aunque no todos esos recursos lograron retornar al país. La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, quien perdió su cargo en medio de la controversia que generó la norma, ha señalado que traer recursos «por traerlos» podía afectar los intereses de los trabajadores, advirtiendo sobre los riesgos de forzar la repatriación sin considerar las condiciones del mercado. La nueva administración considera que esa obligación resultaba riesgosa para la rentabilidad de los fondos y la diversificación de las inversiones, por lo que trabaja en desmontarla para alinear las decisiones con el interés de los afiliados.
Revisión de otras medidas heredadas
Además de la derogatoria del decreto de repatriación de ahorros, el Gobierno de Abelardo de la Espriella también revisa otras dos decisiones adoptadas durante la administración anterior. Una de ellas es la relacionada con el seguro de deslizamiento del salario mínimo, que encarece la pensión mínima cuando el salario sube por encima de la inflación. La otra es la obligación de los fondos privados de entregar 25 billones de pesos a Colpensiones por concepto de afiliados trasladados bajo el mecanismo de traslado exprés. Ambas medidas han sido heredadas de la anterior administración y ahora son evaluadas en el marco de un ajuste fiscal más amplio que adelanta el Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez, mientras analiza el presupuesto del próximo año y un plan de recortes.
“Traer recursos ‘por traerlos’ podía afectar los intereses de los trabajadores”.
Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF)
La derogatoria de este decreto abre un nuevo capítulo en el debate pensional colombiano, poniendo sobre la mesa la tensión entre el uso del ahorro de los trabajadores como herramienta de política económica y la protección de los intereses de los afiliados. Con esta decisión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca revertir lo que considera una medida que comprometía la rentabilidad de los portafolios, mientras avanza en una revisión más amplia de las prioridades fiscales y el ajuste del gasto público para el próximo año.
