La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), por presuntas irregularidades en la tala y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Dolores, Tolima. Según la información conocida, entre los investigados se encuentra una funcionaria que sería propietaria del predio donde ocurrieron los hechos el pasado 25 de agosto de 2026, en plena emergencia por incendios forestales que afecta a la región.
El proceso disciplinario busca verificar si las actividades de tala y quema se realizaron sin los permisos ambientales correspondientes y si, por el contrario, fueron autorizadas o contratadas por la misma funcionaria. La indagación previa es la etapa inicial de recaudo de información; no implica una sanción inmediata, pero sí un examen riguroso de los hechos. Los habitantes de la zona alertaron sobre la presencia de una quema, lo que llevó a la captura de dos campesinos: Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes ya habían sido requeridos el pasado 24 de julio por una situación similar.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, se pronunció tajantemente sobre este caso, calificándolo como un «hecho absurdo» en medio de la crítica temporada de incendios. «He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo», declaró la mandataria. Además, hizo un llamado directo a los entes de control: «Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo».
La investigación se da en un contexto de alta sensibilidad ambiental, con restricciones vigentes para evitar nuevos focos de fuego en el departamento, azotado por una compleja temporada de incendios forestales. La Procuraduría examinará si las actividades contaban con permisos formales y si se cumplieron las restricciones dispuestas para proteger los ecosistemas. El caso, que involucra a una funcionaria que sería a la vez propietaria del predio, ahora está bajo la lupa de las autoridades competentes, que buscarán esclarecer si se trató de una acción ilegal o de un procedimiento autorizado en medio de la emergencia.
