El presidente Abelardo de la Espriella lanzó este jueves 17 de septiembre una contundente advertencia contra alias Pinocho y otros cabecillas de grupos armados ilegales que operan en La Guajira, durante un consejo de seguridad realizado en San Juan del Cesar. En su intervención, el mandatario fue directo al señalar que tanto Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho y líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como Rufino José Morales, alias Mario, jefe regional del clan del Golfo, y alias Gonzalo Ochalo, de la Segunda Marquetalia, “tienen fecha de expiración porque se metieron con San Juan”. La declaración se produjo en el marco de una reunión con autoridades civiles y altos mandos de la Fuerza Pública, donde se examinó la situación de orden público y se trazaron estrategias para recuperar el control territorial en el departamento.
La advertencia presidencial no dejó espacio a ambigüedades: “Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”. Esta postura se enmarca en una ofensiva que ya había comenzado días antes, cuando el propio presidente emitió una primera advertencia contra alias Pinocho el pasado 12 de septiembre, ordenando a los ministerios de Defensa y Justicia coordinar el eventual sometimiento en un plazo de una semana, y dejando claro que no habría negociaciones, dilaciones ni exigencias por fuera de la ley.
La respuesta de alias Pinocho y la postura del Gobierno
La nueva advertencia de De la Espriella se produce después de que alias Pinocho manifestara su disposición a entregarse en una entrevista con la revista Semana, pero condicionando el proceso a la existencia de una ley de sometimiento que garantice que ni él ni los miembros de su grupo enfrenten condenas de hasta 40 años en Colombia. En sus declaraciones, el cabecilla afirmó: “Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”. Según el propio Pinocho, permanece oculto debido a una orden de captura por el asesinato de un líder social y a un pedido de extradición por narcotráfico, aunque negó cualquier responsabilidad en el homicidio.
“No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Ministerio de Justicia
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El Ministerio de Justicia dejó claro que la legislación colombiana ya contempla mecanismos de sometimiento para integrantes de grupos armados ilegales, y que cualquier persona que desee acogerse a ellos debe acudir a las autoridades competentes por los canales institucionales establecidos. La cartera recordó que no existirán privilegios ni acuerdos por fuera del marco constitucional, y que cualquier actuación deberá priorizar los derechos de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Ofensiva integral en La Guajira
La ofensiva en La Guajira no se limita a las declaraciones. El mismo día del consejo de seguridad, el presidente anunció que volverá al departamento “cuantas veces sea necesario” para supervisar tanto las obras como las acciones de seguridad. Además, instruyó al director de Migración Colombia para que se traslade a La Guajira y atienda directamente la situación fronteriza. Esta arremetida coincide con la reactivación de órdenes de captura contra tres integrantes del clan del Golfo, una medida tomada el 11 de septiembre de 2026 mediante la Resolución 0-0284. Los señalados son Orozman Orlando Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’; Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’ o ‘Jerónimo’, contra quienes se retomaron los procesos judiciales tras finalizar el espacio de conversaciones con esa organización criminal.
Con esta nueva advertencia, el presidente De la Espriella envía un mensaje inequívoco a los líderes armados que operan en la región: el tiempo para negociar condiciones ha terminado y la única opción viable es el sometimiento dentro del marco legal, o de lo contrario, la Fuerza Pública actuará con todo el peso del Estado. La pelota está ahora en la cancha de alias Pinocho y los demás cabecillas, mientras el Gobierno mantiene firme su postura de cero concesiones y plena aplicación de la ley.
