Las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto podrán mantener sus pagos de Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven cuando la emergencia haya impedido verificar requisitos o corresponsabilidades. La medida es temporal y no crea nuevos subsidios
Que una escuela esté cerrada, un centro de salud no pueda prestar servicio o un sistema de información haya quedado afectado por el terremoto no será, por sí solo, motivo para que un beneficiario pierda una transferencia del Gobierno.
Esa es una de las principales consecuencias del Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La disposición autoriza excepcionalmente a Prosperidad Social a suspender temporalmente determinadas verificaciones cuando estas no puedan realizarse por daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.
La medida busca evitar una situación paradójica: que una familia afectada por el desastre deje de recibir un pago porque no pudo cumplir una verificación que, precisamente, no pudo hacerse debido a la emergencia.
El alcance puede ser significativo. Según las cifras incluidas en el comunicado, en los municipios con afectación directa hay 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven. Las cifras no deben sumarse como si fueran beneficiarios diferentes, pues una misma persona u hogar puede aparecer en más de un programa.
No significa un pago nuevo
Hay una precisión importante: el decreto no crea un nuevo subsidio ni aumenta el valor de las transferencias.
Lo que busca es proteger la continuidad de los pagos de quienes ya eran beneficiarios al momento del terremoto, cuando una verificación resulte imposible por las consecuencias de la emergencia.
Y tampoco significa que todos los beneficiarios de los municipios afectados queden automáticamente exentos de las verificaciones.
Prosperidad Social tendrá que establecer mediante acto administrativo qué municipios y cuáles verificaciones quedan cobijados, de acuerdo con las afectaciones ocasionadas por el sismo.
La autorización podrá mantenerse hasta por 12 meses, pero deberá desmontarse progresivamente a medida que se recuperen la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para volver a realizar las verificaciones normalmente.
El punto de fondo
El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó directamente a municipios de 16 departamentos y produjo daños en viviendas, colegios, centros de salud, vías y otros servicios esenciales.
Entre las verificaciones que pueden verse comprometidas están la matrícula educativa, controles médicos, vacunación, desempeño académico y reporte de novedades.
En otras palabras: la emergencia no terminará convirtiéndose en una segunda dificultad para quienes dependen de una transferencia y, por causa del desastre, no pueden demostrar temporalmente que cumplieron una condición.
Fuente: Prensa Prosperidad Social
