El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, lanzó una alerta sobre el grave impacto que tendría para el tribunal de paz el recorte presupuestal propuesto para la vigencia 2027, que asciende a 185.000 millones de pesos. En entrevista con La FM, Ramelli advirtió que esa reducción pondría en riesgo la realización de audiencias, los esquemas de seguridad para víctimas, testigos y comparecientes, la protección de los funcionarios del tribunal e incluso la continuidad de la sede física. «Entonces, pues sería una corte en Internet, ¿no? Que no tendríamos ni siquiera sede», afirmó el magistrado, quien ya comunicó el escenario a organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la CIDH, el relator de la ONU para la independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La propuesta de ajuste surgió luego de que el presidente Abelardo de la Espriella respaldara la iniciativa del senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, de trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El recorte total planteado, de 185.000 millones, se divide en dos componentes: los primeros 85.000 millones afectarían directamente las audiencias y la seguridad, mientras que los restantes 100.000 millones corresponden a gastos de funcionamiento, bienes y servicios. Según la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, el presupuesto resultante para la JEP en 2027 sería de 721.803 millones de pesos, una cifra cercana a la asignada para el año en curso. La congresista también reveló que la nómina del tribunal para 2026 asciende a 404.477 millones de pesos, casi ocho veces más que el presupuesto completo del Ministerio de Justicia, que es de solo 52.868 millones. En ese contexto, Posada propuso que el ajuste alcance al menos la mitad de los recursos de la JEP.
Las críticas al tribunal y la defensa de su trabajo
Las voces críticas contra la JEP no se hicieron esperar. El senador Enrique Gómez Martínez calificó el tribunal como «un fortín burocrático con mínimo rendimiento», al señalar que solo ha proferido cuatro fallos en toda su existencia, y que el primero de ellos se dio apenas en septiembre de 2025. «Si acaban la JEP, pues van a acabar todos en la Corte Penal Internacional», respondió Ramelli al advertir que la desaparición de la justicia transicional reactivaría los procesos internacionales contra miembros de la Fuerza Pública y exintegrantes de las Farc, justo cuando el examen preliminar de la CPI sobre Colombia se cerró en 2021 condicionado precisamente al funcionamiento de este sistema de justicia.
«Se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo rendimiento. Solo cuatro fallos. El primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025.»
Enrique Gómez Martínez, senador de Salvación Nacional
Otra crítica contundente llegó del director de la Fundación Libremente, Ariel Ricardo Armel, quien publicó en su cuenta de X una tabla con los salarios de Ramelli desde 2018. Según Armel, el magistrado ha devengado cerca de 4.500 millones de pesos en estos años: su salario como magistrado titular pasó de 32 millones mensuales en 2018 a 47,5 millones en 2023; luego, como presidente de la JEP, subió a 51 millones en 2024 y a 55,3 millones en 2025 y 2026. «Durante estos 10 años han logrado tres fallos, donde todos han sido beneficiosos para los criminales de las Farc. Servicio social como penas, llamados ‘trabajos restaurativos’. Hoy está quejándose y haciendo llamados internacionales por un recorte presupuestal a la JEP», afirmó Armel. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció, señalando que «la JEP con tanto presupuesto para maltratar a los militares, presionar a los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y buscar afanosamente testigos contra mí. Ojalá este proceso que enfrento fuera público».
Frente a estas acusaciones, Ramelli defendió la labor del tribunal, asegurando que ha investigado patrones de macrovictimización que involucran tanto a la Fuerza Pública como a las extintas Farc, en un contexto de «impunidad galopante». «Es un tribunal importante porque le está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad», sostuvo el magistrado. La JEP tramita actualmente el macrocaso 11 sobre violencia basada en género, que incluye al último secretariado de las Farc —Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo— por políticas internas aplicadas entre 1990 y 2015. El debate sobre el presupuesto de 2027 sigue abierto, mientras el gobierno, el Congreso y la comunidad internacional observan con atención el futuro de la justicia transicional en Colombia.
