El Gobierno colombiano reportó presuntas irregularidades administrativas y financieras en 11 de las 42 cajas de compensación familiar del país que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención, según información divulgada este 18 de agosto por la Presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo. Del total de entidades señaladas, tres —Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira— están bajo un seguimiento especial de la Procuraduría General de la Nación, que realiza visitas administrativas y solicita información detallada sobre su funcionamiento. La documentación recopilada por el Ejecutivo fue trasladada a la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría General para que determinen posibles responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias, aunque desde el Gobierno aclararon que la remisión de estos documentos no implica una declaración de responsabilidad individual, sino que corresponde a los organismos de control y a la justicia establecer los hechos.
De las 42 cajas de compensación que operan en Colombia, seis están sometidas a intervención administrativa total, una tiene intervención parcial de su consejo directivo y cuatro se encuentran en proceso de levantamiento de la medida. Los hallazgos que dieron origen a este reporte fueron detectados desde el pasado 7 de agosto y se suman al denominado “Libro de la Verdad”, un documento que fue entregado el 18 de agosto a las autoridades de control y que contiene 82 casos de presuntas irregularidades detectadas tras el cambio de administración. Entre las anomalías señaladas en las cajas de compensación se mencionan cambios de última hora en la estructura administrativa, creación de cargos sin justificación, contratos de larga duración, posibles incompatibilidades, una supuesta red de intereses políticos bautizada como “telaraña azul” y denuncias de acoso laboral. La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, se refirió a esta red de intereses políticos que habría operado en algunas de estas entidades.
Cifras millonarias bajo sospecha
Las cajas de compensación administran recursos que provienen del 4% de la nómina de los trabajadores colombianos, destinados a subsidios, servicios sociales y programas de bienestar. En 2025, el monto total administrado por estas entidades ascendió a cerca de 14,1 billones de pesos. De manera particular, en Comfenalco Antioquia se habla de presuntos recursos bajo control irregular por más de 1 billón de pesos. La Procuraduría mantiene un seguimiento especial al proceso de levantamiento de la intervención total en esta caja, y se han tramitado dos acciones de tutela relacionadas con su situación. Por su parte, Comfamiliar Atlántico fue intervenida en julio de 2026 y desde entonces la Procuraduría ha realizado dos visitas administrativas; allí se reportaron modificaciones contractuales con posibles impactos económicos millonarios, denuncias de presunto acoso laboral y eventuales maniobras fraudulentas. En Comfaguajira, la vigilancia se centra en el proceso de levantamiento de intervención y en la elección de sus órganos de dirección; un juez ordenó un nuevo cronograma electoral para garantizar el debido proceso y la participación.
El “Libro de la Verdad” y los plazos oficiales
El Ejecutivo entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el “Libro de la Verdad”, que incluye 82 casos de presuntas irregularidades detectadas tras el cambio de administración. La Procuraduría, por su parte, ya solicitó documentos a la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre los fundamentos de la medida de intervención en Comfenalco Antioquia. Como parte del proceso, cada ministerio deberá presentar un informe detallado de los hallazgos al cierre de septiembre, el cual podría ser trasladado a las autoridades de control para que continúen las investigaciones. Desde la Presidencia de la República se hizo un llamado enfático sobre el destino de estos recursos.
“Son patrimonio de los trabajadores colombianos y de sus familias, no una prenda de ningún proyecto político ni de ninguna bandera partidista”
Presidencia de la República
El pronunciamiento gubernamental busca enviar un mensaje claro sobre la protección de los dineros que administran las cajas de compensación, mientras se espera que los organismos de control determinen si las irregularidades denunciadas derivan en sanciones penales, fiscales o disciplinarias para los responsables. El seguimiento especial a Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira continuará en las próximas semanas, en un caso que pone en el centro del debate público la transparencia en la gestión de los recursos de los trabajadores colombianos.
