El Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y su facción conocida como la Compañía Arnulfo Castellanos, ha emitido una orden que prohíbe la entrada y distribución de cerveza, aguardiente y cualquier otra bebida alcohólica en ocho municipios del norte de Antioquia. La medida, difundida a través de un panfleto intimidatorio que comenzó a circular aproximadamente quince días antes de que las autoridades se pronunciaran, amenaza con declarar «objetivo militar» a quienes desacaten la directriz e incluye la quema de vehículos y productos para quienes intenten burlar el cerco. Los municipios afectados son Don Matías, Santa Rosa, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí, zonas donde el grupo armado ha sembrado el temor entre distribuidores y comerciantes locales.
El comunicado firmado por la organización criminal justifica la prohibición alegando una supuesta infiltración de grupos contrainsurgentes o paramilitares a través de las empresas distribuidoras de licor, especialmente hacia la multinacional Bavaria. En sus propias palabras, los disidentes advierten que «todo aquel que vaya a ingresar a los territorios anteriormente mencionados, tendrá que dialogar con nosotros y pasar por una previa investigación de parte de nuestra organización», y que «toda persona u empresa que no acate nuestras directrices será declarada objetivo militar y posteriormente sufrirá la quema de sus vehículos y de sus productos». La Gobernación de Antioquia confirmó la autenticidad del panfleto y el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, aseguró que la reacción institucional fue inmediata, articulando con el Ejército para evitar que estas amenazas se materialicen.
Las cifras detrás de la extorsión
La prohibición, lejos de ser una simple advertencia, impone un control férreo sobre la economía local. Los comerciantes que se atrevan a vender cerveza deben hacerlo a un precio fijado de seis mil pesos por unidad, con un incremento que pasó de tres mil quinientos a cuatro mil quinientos por botella. Además, quienes compren a otros proveedores enfrentan una multa de veinte millones de pesos. En cuanto al aguardiente, el grupo armado exige un cobro que oscila entre el siete y el diez por ciento de las ventas, y se ha documentado un pago de ciento cincuenta mil pesos por una sola garrafa. En municipios como Campamento, los mensajes solo habilitaron a dos distribuidores para operar, mientras que en Guadalupe los habitantes comenzaron a abastecerse ante la proximidad de festividades locales. Las autoridades, por su parte, han reaccionado ofreciendo una recompensa de hasta cien millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias La Mona o La Caucana, identificados como los principales responsables de la extorsión.
La respuesta institucional
«Inmediatamente supimos de este panfleto, que es totalmente auténtico, articulamos con el Ejército y se está prestando toda la colaboración necesaria para que esta situación no se lleve a cabo»
Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó las intimidaciones directamente a integrantes del Frente 36, liderado por alias Calarcá, y desde la administración departamental se mantiene una presencia coordinada con la Policía, el Ejército y las administraciones locales para garantizar la seguridad en los ocho municipios. Aunque no se han registrado afectaciones materiales desde que el panfleto empezó a circular, la zozobra persiste entre los comerciantes que temen represalias si intentan desafiar la orden. La zona norte de Antioquia, históricamente golpeada por el conflicto, enfrenta un nuevo capítulo de violencia y extorsión disfrazada de control territorial.
