La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación preliminar que se adelantaba contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, por la incautación de 487 millones 421 mil pesos en efectivo ocurrida el 23 de octubre de 2015. La decisión, que también cobija a su esposa Milene Jarava Díaz, a Uriel de Jesús Botero Zuluaga y a Yesith Rafael Prens Martínez, ordena la devolución del dinero retenido en aquella ocasión cuando eran transportados en la vía que conecta Sincelejo con Calamar, en el departamento de Sucre.
Tras más de una década de diligencias, el ente acusador determinó que no surgieron elementos para establecer la existencia de un delito, por lo que aplicó el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que permite el archivo cuando la conducta examinada resulta atípica. Los análisis grafológicos, las verificaciones financieras, las inspecciones en archivos notariales y los estudios patrimoniales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación no identificaron irregularidades penales. La defensa del alcalde presentó soportes del origen lícito del dinero: la venta de un apartamento en el edificio Verona de Sincelejo y la negociación de un predio rural conocido como Villa Ángela o Las Sofías, con escrituras y registros notariales que acreditaban las transacciones. Según los involucrados, los recursos iban a ser destinados al pago de logística de la campaña a la Gobernación de Sucre en 2015.
Otras investigaciones en curso
El archivo de este caso específico ocurre en medio de un panorama judicial complejo para el mandatario sincelejano. El pasado 15 de octubre de 2026 —según la información disponible— se conoció que el vicefiscal Gilberto Guerrero ordenó el traslado de cuatro investigaciones contra Acuña a la Dirección Especializada contra la Corrupción en Bogotá. Los expedientes incluyen presunto prevaricato por omisión relacionado con vigencias futuras, prevaricato por acción en la elaboración del presupuesto de 2025, un contrato sin requisitos legales también sobre vigencias futuras, e interés indebido en contratación por un convenio de cooperación que asciende a 5.600 millones de pesos. Algunos de estos hechos estarían vinculados con el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La advertencia del presidente De la Espriella
Mientras la Fiscalía cierra esta investigación preliminar, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha sido enfático en su postura frente a la gestión de los recursos públicos en Sucre. En una intervención pública, el mandatario declaró: “En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”. De la Espriella anunció que las inversiones para el departamento continuarán, pero descartó entregar recursos sin mecanismos de supervisión.
Por su parte, el alcalde Acuña ha rechazado los señalamientos en su contra y ha afirmado que pretenden convertirlo en un “falso positivo”, manteniendo su presunción de inocencia en cada uno de los procesos. Con el archivo de esta investigación, el mandatario recupera los 487 millones de pesos incautados, pero deberá seguir enfrentando las demás indagaciones que ahora se tramitan en Bogotá.
