La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Instrucción, llamó a juicio al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presuntamente financiar con 1.500 millones de pesos al grupo criminal Los Rastrojos Costeños para fortalecer su liderazgo político y asegurar apoyo electoral en la región de Sucre. La decisión, adoptada antes del 18 de octubre de 2024 con ponencia conjunta de los magistrados César Reyes y Misael Rodríguez —y con el voto salvado de Cristina Lombana antes de que esta asumiera la Secretaría de Transparencia—, imputa al mandatario los delitos de concierto para delinquir agravado y presuntos homicidios, en un proceso que incluye interceptaciones telefónicas de este año y testimonios que se remontan a 2012.
De acuerdo con la investigación, Yahir Acuña habría aportado 1.500 millones de pesos a Los Rastrojos Costeños mediante contratos de obra y entregas directas a través del abogado Gian Carlo Paredes, con el objetivo de obtener respaldo político, control territorial y garantizar votos en Sucre durante su período como representante a la Cámara. El exparamilitar Juan Manuel Borré, conocido como “Pistón”, declaró en 2012 que Acuña colaboró con la organización de forma sostenida: “A nosotros nos aportó para la organización, nos mandó por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1.500 millones de pesos”. Borré, quien fue condenado a 34 años de prisión y se fugó en 2011, señaló a los abogados Nelson Stand y Gian Carlo Paredes como los contactos del grupo armado. Por su parte, Edwin Zambrano Pinto, otro exparamilitar, ratificó que Acuña mantuvo nexos con las AUC y luego los retomó con Los Rastrojos Costeños, mientras que en el lenguaje cifrado de las comunicaciones registradas este año se usaban apodos como “el Negro”, “el Negrito”, “el jefe”, “el paciente” y “el color” para referirse al alcalde.
Maniobras para acomodar testimonios
El expediente revela que, además de la presunta financiación al grupo criminal, Acuña habría ordenado homicidios de líderes de restitución de tierras entre 2009 y 2010. La Corte también documentó pagos al testigo Samir Otero de la Ossa para cambiar su versión: en una conversación intervenida el 25 de julio de 2024, el abogado Gian Carlo Paredes dijo que Acuña le había enviado dinero para pagar dos semestres de estudio, mientras que Roger Díaz Morales, otro abogado, instruía a Otero sobre cómo declarar, negando vínculos de Acuña con las AUC y sugiriendo que el exsenador Álvaro García era responsable de indisponerlo con las autodefensas. “Ya él me entregó los dos millones de pesos, ya yo tengo lo mío aparte, entonces me mandas el destinatario para mandarte lo tuyo”, se escucha en una interceptación a Díaz Morales. Posteriormente, el 13 de agosto de 2024, tras una declaración favorable, Otero reportó: “Todo salió de maravilla, no te digo que ni el abogado, todos se quedaron callados, cero preguntas. Le dices a Yahir que todo salió bien”. No obstante, Otero también amenazó con retractarse si no recibía el pago acordado, y se mencionan entregas de 40 millones de pesos por parte de alias “Cadena” y una deuda inicial de 30 millones con Paredes.
“En el año 2010 los denuncié en el Congreso de la República. En el año 2013 los vuelvo a denunciar. En el año 2014 los vuelvo a denunciar. No tengo ningún tipo de relación directa ni indirecta con esa gente. Cero”
Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo
En su defensa, Acuña ha negado cualquier vínculo con grupos armados ilegales y ha atribuido las acusaciones a motivaciones políticas: “Seguramente habrá algún móvil político, alguna cosa”, declaró. El alcalde está investigado por este expediente desde 2019, y la Corte examinó su ascenso político, que incluye los cargos de concejal (2004-2007), diputado (2007-2009) y representante a la Cámara en dos períodos (2010-2014 y 2014-2018). Su esposa, Milene Jarava, se postuló sin éxito a la Gobernación de Sucre. Además, Acuña enfrenta otra investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito y cuatro expedientes por presunta corrupción trasladados de Sincelejo a Bogotá por seguridad. La decisión de la Corte Suprema se suma a los casi 20 años de prisión cumplidos por Enilse López “La Gata”, en un caso que involucra a varios de los mismos testigos y abogados señalados por los hermanos Borré, cuyos testimonios de 2012 fueron reiterados ante la Fiscalía y la Corte. Mientras el proceso avanza, la ciudad de Sincelejo espera el desenlace judicial de un alcalde que llegó al poder con promesas de cambio, pero que ahora deberá responder ante la justicia por presuntos pactos con el crimen organizado.
