En una decisión que marca un nuevo capítulo en la financiación de la justicia transicional, el Congreso de la República aprobó en la madrugada del martes 20 de octubre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, con un recorte de $181.402 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tijeretazo, impulsado por la bancada del Centro Democrático liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluye el traslado de $11.402 millones al Ministerio de Defensa, recursos que originalmente estaban destinados al programa de apoyo a la gestión institucional del tribunal transicional.
El recorte total se compone de $170.000 millones iniciales más $11.402 millones de reajuste, y afecta directamente la operación de la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc. La nueva asignación al Ministerio de Defensa tiene como propósito cubrir el pago de 850 sentencias ejecutoriadas por muerte de integrantes de la fuerza pública, cuyas obligaciones ascienden a $685.778 millones, desglosados en $399.823 millones de capital, $285.338 millones de intereses y $617 millones en costos jurídicos. Según informó el ministerio al Congreso en una respuesta fechada el 8 de septiembre de 2026, las apropiaciones presupuestales han sido insuficientes durante una década, lo que ha generado un atraso en los pagos que ya alcanza turnos de 2019, es decir, siete años de desfase.
Un desfase que crece
El Ministerio de Defensa reportó que, debido a los retrasos, ha tenido que pagar $114.999 millones en intereses por demoras en 358 sentencias. Aunque el traslado de $11.402 millones aliviará parcialmente la situación, el monto no cubre el desfase total. El presupuesto de funcionamiento de Defensa pasará de $28,262 billones a $28,273 billones, con un aumento presupuestal del 16,8% para 2027, el mayor entre los ministerios de gran tamaño. La nueva asignación busca atender los pagos según el orden de turnos ya establecidos, pero el déficit acumulado sigue siendo enorme.
El recorte a la JEP se aprobó pese a los llamados de su presidente, Alejandro Ramelli, quien había advertido sobre las consecuencias de reducir los recursos del tribunal. La bancada del Centro Democrático, en cambio, argumentó que la JEP ha recibido $1,23 billones en recursos de inversión desde 2018. La propia entidad reconoció que esos fondos no financian proyectos restaurativos ni la ejecución de sanciones propias, ni la reparación directa de las víctimas, lo que evidencia una interpretación distorsionada de las necesidades del tribunal.
El recorte sale del programa de fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional de la JEP, que para 2027 tenía una apropiación de $11.402 millones, la cual quedó sin recursos. En contraste, el programa misional de la JEP mantiene una inversión de $22.717 millones. Al 28 de septiembre, la ejecución presupuestal de la JEP estaba en un 62% comprometido, lo que muestra que la entidad ha utilizado eficientemente los fondos que recibe, aunque ahora enfrenta una reducción significativa en su capacidad operativa.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $634,9 billones y fue aprobado al borde del límite previsto por la ley, en una sesión que se extendió hasta la madrugada. Con esta decisión, el Congreso prioriza el pago de sentencias a la fuerza pública sobre la sostenibilidad de la justicia transicional, un movimiento que ha generado polémica en el ámbito jurídico y político, especialmente porque el Centro Democrático es el partido de Gobierno y su líder político, Álvaro Uribe Vélez, ha sido un crítico persistente de la JEP. La medida deja a la JEP con un presupuesto reducido para 2027, en un año en el que el tribunal deberá continuar atendiendo los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
