El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expidió una circular conjunta que prohíbe de manera tajante la disposición de escombros provenientes del terremoto del 10 de agosto de 2026 en ríos, humedales, rondas hídricas, rellenos sanitarios, vías y lotes. La medida, anunciada por el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, aplica para todos los departamentos incluidos en la declaratoria de desastre nacional y busca evitar que la remoción de residuos generada por la emergencia sísmica se convierta en una nueva fuente de riesgo sanitario o de daño ecológico.
La circular establece lineamientos estrictos para el manejo de los escombros, que van desde la clasificación en el origen hasta la disposición final únicamente en instalaciones autorizadas para residuos de construcción y demolición (RCD). Cada traslado de material deberá quedar registrado con su peso, punto de origen y destino final, lo que permitirá hacer trazabilidad de cada carga y evitar vertidos ilegales. Además, se contempla la posibilidad de habilitar acopios temporales en caso de que la capacidad de los sitios autorizados sea insuficiente, siempre que cuenten con un responsable designado, un límite de capacidad y un plan de cierre. Estos centros de acopio deberán operar bajo la supervisión de las autoridades ambientales y cumplir con todas las condiciones técnicas y sanitarias exigidas.
Protección de ecosistemas y salud pública
La decisión de las cuatro entidades responde a la necesidad de impedir que los escombros del terremoto, que podrían contener materiales peligrosos o mezclas de residuos domésticos, terminen bloqueando drenajes naturales o alterando los cursos de agua. El viceministro Guerrero fue enfático al señalar que estos materiales no pueden ser tratados como basura ordinaria. «Los escombros deben separarse de los demás residuos y llevarse a sitios habilitados, con registro de su traslado y destino. De ninguna manera pueden terminar en ríos, humedales, vías, ni rellenos sanitarios», afirmó el funcionario, quien además advirtió que mezclarlos con desechos domésticos podría generar serios problemas sanitarios en las zonas afectadas.
La circular también define un manejo especial para aquellos residuos que representan un riesgo adicional. Los desechos peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos hospitalarios y los alimentos que no cumplan con las condiciones sanitarias deben ser gestionados por separado y a través de operadores autorizados. En el caso particular del asbesto, se prohíbe expresamente romper, cortar o triturar estructuras que lo contengan, pues estos materiales deben tratarse como residuos peligrosos. De igual forma, los alimentos que hayan perdido sus condiciones de salubridad no podrán ser donados ni redistribuidos bajo ninguna circunstancia.
Prioridad para infraestructura crítica y albergues
Otro de los ejes centrales de la circular tiene que ver con la operación de las empresas de aseo en las zonas declaradas en desastre. Estas compañías deberán activar sus Planes de Emergencia y dar prioridad absoluta a la recolección y limpieza en albergues, centros de salud, estaciones de Bomberos, sedes de la Policía y demás infraestructura crítica para la atención de la emergencia. Con esta directriz, el gobierno busca garantizar que los servicios esenciales funcionen sin interrupciones y que las comunidades damnificadas, muchas de ellas alojadas en refugios temporales, no estén expuestas a focos de contaminación o enfermedades derivadas de la acumulación de residuos.
La medida, que surge como respuesta directa al sismo del 10 de agosto, plantea un reto logístico importante para las regiones afectadas, pero también establece un marco claro de responsabilidades. Las autoridades locales, los gestores de residuos y la ciudadanía en general tienen ahora reglas precisas sobre cómo proceder con los escombros, con el fin de que la reconstrucción no se adelante a costa del ambiente ni de la salud de los colombianos. La circular conjunta operará mientras dure la declaratoria de desastre nacional y su cumplimiento será verificado por las entidades competentes, en un esfuerzo por garantizar que la emergencia no deje una segunda catástrofe silenciosa en los ecosistemas y en las comunidades que ya lo perdieron todo.
