El exalcalde de Medellín Daniel Quintero presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara Simón Molina Gómez por presunta interferencia sobre una testigo en los procesos penales que se adelantan contra el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques. La denuncia, radicada por el abogado Felipe Alzate Gómez en representación de Quintero —quien además de exalcalde fue superintendente de Salud—, señala a Molina, congresista por Antioquia, por un posible soborno en la actuación penal y tráfico de influencias. El expediente quedó en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca, quien deberá evaluar si los elementos presentados ameritan la apertura de una investigación formal.
El centro de la controversia es el contacto que Molina, entonces secretario privado de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, sostuvo con Laura María Mejía Higuita, exfuncionaria de la alcaldía de Quintero y testigo clave de la Fiscalía. Según la denuncia, el 19 de noviembre de 2024 Molina le escribió a Mejía Higuita por WhatsApp preguntándole: “¿En qué va lo tuyo, qué ha pasado?” y luego “¿Y si te han tratado bien?”. Apenas tres días después, el 22 de noviembre de 2024, Mejía Higuita fue nombrada como profesional universitaria en la Contraloría General de Antioquia. La coincidencia temporal entre el mensaje de Molina y el nombramiento, sumada a que la exfuncionaria luego rindió interrogatorio ante la Fiscalía el 26 de febrero de 2025 —primero señalando a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde, y después ampliando su declaración para incluir a Daniel Quintero—, es el eje de la sospecha que plantea la defensa del exmandatario.
Las cifras detrás de la denuncia
En el trasfondo del caso están los contratos que dieron origen a las investigaciones. El contrato 288 de 2021 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por 7.748 millones de pesos, estaba destinado a la construcción de una bodega en el Parque de las Aguas. Por otro lado, Mejía Higuita suscribió dos contratos de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo durante 2024, por una suma superior a los 20 millones de pesos. La exfuncionaria fue imputada por presuntas irregularidades en esos contratos y posteriormente suscribió un principio de oportunidad con aval judicial, el cual, según el escrito de la denuncia, se concretó en diciembre de 2025. Su colaboración incluyó información sobre actuaciones atribuidas a Miguel Quintero, y la defensa de Daniel Quintero cuestiona que Molina haya hecho seguimiento a la situación procesal de Mejía Higuita justo antes de que ella se convirtiera en testigo colaboradora.
Las versiones enfrentadas
Mientras la denuncia busca establecer si hubo una oferta de beneficios a cambio de información, el representante a la Cámara ha negado categóricamente las acusaciones. “Nunca he presionado, manipulado ni ofrecido nada a ningún testigo, y lo demostraré ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Molina, quien también restó credibilidad a la acción judicial de su contradictor político. “Justo cuando vuelve al debate público el caso de su hermano Miguel, Quintero sale a señalarme para cambiar la conversación y posar de víctima”, agregó el congresista, en una declaración que evidencia la tensión entre ambos bandos.
“Nunca he presionado, manipulado ni ofrecido nada a ningún testigo, y lo demostraré ante la Corte Suprema de Justicia”
Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia
“Justo cuando vuelve al debate público el caso de su hermano Miguel, Quintero sale a señalarme para cambiar la conversación y posar de víctima”
Simón Molina, representante a la Cámara por Antioquia
La denuncia también pone bajo la lupa el papel de Mauricio García Quiroz, pareja de Mejía Higuita, quien habría acudido a la Fiscalía y visitado a Misael Cadavid, otro testigo que luego celebró un principio de oportunidad. Sin embargo, el propio escrito advierte que los hechos expuestos no constituyen prueba concluyente de una actuación concertada ni permiten anticipar responsabilidad penal contra Molina. Lo que se solicita a la Corte es que se verifique si existió un compromiso con la testigo, cuál fue su alcance y si hubo oferta de beneficios a cambio de información. El magistrado Javier Fernando Fonseca tiene ahora la palabra para decidir si los indicios son suficientes para abrir una investigación formal que podría tener implicaciones políticas y judiciales de gran alcance en Antioquia.
