En un hecho sin precedentes en la historia laboral colombiana, el Ministerio del Trabajo anunció el 28 de octubre de 2026 la invitación formal a organizaciones de trabajadoras domésticas para integrar la mesa de concertación que definirá el salario mínimo del año 2027. La decisión fue comunicada por la ministra Natalia Eugenia López Fuentes y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero, durante una jornada de diálogo realizada en Bogotá con representantes sindicales y asociativas del sector. Este espacio, que tradicionalmente ha estado reservado para el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales, ahora se abre para escuchar las demandas de un gremio que históricamente ha estado excluido de las discusiones salariales y laborales.
La viceministra Morad Acero lideró la reunión en la que se acordó que las propuestas del sector doméstico serán remitidas al despacho de la ministra como insumos fundamentales para la discusión. El cronograma establece que el 5 de noviembre de 2026 las organizaciones presentarán una propuesta de hoja de ruta, mientras que las mesas técnicas formales iniciarán en la segunda semana de enero de 2027, con la posibilidad de incluir participación territorial. Durante el encuentro, una vocera del sector expuso una propuesta de aumento salarial, aunque no se revelaron montos ni porcentajes específicos, y la ministra López Fuentes expresó su deseo de que este sea un espacio de retroalimentación mutua: “Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus necesidades”.
Un paso hacia la formalización y la protección social
La convocatoria busca incorporar las demandas de las trabajadoras domésticas y dar cumplimiento a los estándares del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Colombia ha suscrito y que reconoce los derechos laborales de este sector. La presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd), Claribet Palacios García, calificó la invitación como una oportunidad histórica: “Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo”. La Defensoría del Pueblo acompañó el encuentro con delegados como Celene Rosada, Sergio Coronado y Sofía Sierra, y se comprometió a hacer seguimiento a los compromisos vinculados con el convenio internacional.
En la jornada participaron diversas organizaciones del sector, entre ellas la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar, Sintrahop, la Asociación Trabajar, Sintra Emagra, Sintra Emprusa y Utrasd, representadas por dirigentes como Ana Salamanca, Bertha Yolanda Ortiz, Elizabeth Cárdenas Carrera, María Bastos, Marilina Luna y la propia Claribet Palacios García. Por parte del Ministerio del Trabajo estuvieron presentes Carlos Adolfo Prieto, director de Derechos Fundamentales del Trabajo; Andrea Torres, directora de Riesgos Laborales; Jairo Riaga, director de Inspección, Vigilancia y Control; y Emily Alexandra Mejía, subdirectora de Protección Laboral. La agenda acordada no solo definirá la forma de participación de las organizaciones en las discusiones del salario mínimo, sino que también avanzará en temas clave como la inspección laboral, la contratación formal y la cobertura de seguridad social para las trabajadoras domésticas.
“Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo”.
Claribet Palacios García, presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd)
El Ministerio del Trabajo también informó que se encuentran en desarrollo herramientas aún en revisión, como un micrositio con calculadora de pagos, modelos de contrato, mecanismos de autoinspección, rutas de orientación, un protocolo para atención de situaciones de peligro y la simplificación de trámites de afiliación a la seguridad social. Todo esto forma parte de una estrategia integral para que las decisiones sobre ingresos laborales reflejen las condiciones reales de la actividad doméstica remunerada, un sector que en Colombia reúne a millones de mujeres, muchas de ellas en condiciones de informalidad y vulnerabilidad. La invitación marca un hito en la búsqueda de equidad laboral y en la construcción de un diálogo social más inclusivo, donde las voces que históricamente han sido invisibilizadas ahora tienen un asiento en la mesa donde se definen sus ingresos y derechos.
