La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Ministerio del Interior que se abstenga de expedir el proyecto de decreto que reforma las reglas de la consulta previa en Colombia, al considerar que la propuesta limita la participación de las comunidades étnicas y podría vulnerar derechos fundamentales. El documento, fechado el 23 de octubre de 2026, fue dirigido a Eliana Marcela Espinosa Silva, directora Jurídica de esa cartera, y plantea serias objeciones a los cambios planteados sobre el Decreto 1066 de 2015, norma que regula el procedimiento de este mecanismo de participación.
Según el análisis de la Defensoría, el proyecto introduce cargas de información excesivas, términos preclusivos y restricciones que dificultan la identificación y la comparecencia de los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas potencialmente afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales o infraestructura. El organismo de control reconoce la necesidad de actualizar el marco reglamentario y de brindar mayor seguridad jurídica a los procesos, pero advierte que la eficiencia administrativa no puede anteponerse a la garantía del consentimiento previo, libre e informado, reconocido por la Constitución y por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Los riesgos señalados por la Defensoría
Uno de los puntos más críticos que objeta la Defensoría es la posibilidad de excluir automáticamente a aquellas comunidades que no comparezcan dentro de plazos determinados, lo que, en la práctica, podría cerrar procesos de consulta sin haber identificado a todos los grupos étnicos realmente afectados. La entidad también cuestiona que las nuevas reglas no diferencian adecuadamente entre los casos ordinarios de consulta y aquellos en los que se requiere el consentimiento previo, libre e informado, que aplica cuando las medidas afectan directamente la supervivencia física o cultural de los pueblos.
Además, la Defensoría del Pueblo solicita que el propio proyecto de decreto sea sometido a un proceso de consulta previa con las comunidades potencialmente afectadas antes de ser expedido, como una forma de garantizar que los cambios normativos no se impongan sin escuchar a quienes serán los principales destinatarios de la regulación. También pide reformular las reglas sobre el cierre de los procesos y la modificación de proyectos, para evitar que se archiven consultas sin resolver las preocupaciones de fondo de las comunidades.
De expedirse el decreto en su versión actual, advierte la Defensoría, se debilitaría el derecho a la participación efectiva de los pueblos indígenas y afrocolombianos, se aumentarían los conflictos sociales y se pondría en riesgo la estabilidad jurídica de los proyectos que requieren este tipo de consulta. La solicitud de la Defensoría se suma a las voces de organizaciones étnicas y de derechos humanos que han rechazado la propuesta del Gobierno nacional, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre los límites entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos colectivos.
