El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una creciente oposición política tras la radicación del proyecto de Ley de Rescate Fiscal, que ha desatado un intenso debate en el Congreso y en las redes sociales. La iniciativa, defendida por el Ejecutivo como una herramienta para ajustar las finanzas públicas, plantea medidas como el gravamen del IVA a productos de la canasta familiar, el incremento de los aportes a salud y la reducción de subsidios, lo que ha generado un frente de críticas de diversos sectores políticos que advierten sobre el impacto en trabajadores y clases medias. En contraste, el Gobierno sostiene que la reforma protegerá a los ciudadanos de bajos ingresos y que dos de cada tres colombianos no asumirán una carga adicional de IVA.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, ha sido el encargado de defender el proyecto y salir al paso de las críticas. En declaraciones difundidas institucionalmente, Betancur aseguró que «no es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie». Según el funcionario, la canasta básica familiar, la salud y la educación no serán tocados, y dos de cada tres colombianos quedarán exentos de cualquier aumento. Betancur detalló que 35 millones de colombianos no tendrían carga adicional de IVA y que 19 millones recibirían un reembolso mensual de 138.000 pesos, un cheque dirigido a hogares con ingresos de hasta 3.4 millones de pesos. La propuesta establece que el IVA pasaría del 5% al 19% en alimentos como tomate, cebolla, plátano, aguacate, café tostado y chocolate de mesa, pero no desde ahora sino a partir de 2028.
Las críticas no se hicieron esperar y llegaron desde distintos frentes políticos. La concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, recordó el antecedente de la reforma tributaria de 2021 y lanzó una dura comparación: «De los huevos de Carrasquilla a las lentejas de Abelardo. Como hemos advertido, el proyecto de Ley de Rescate Fiscal es una reforma tributaria y la pagan los trabajadores». Por su parte, el senador de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, cuestionó la selección de alimentos que saldrían de la lista de excluidos de IVA al preguntar: «¿Qué criterio nutricional y económico justifica esa selección?». La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, fue contundente al afirmar: «No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad», mientras que Norma Hurtado, del Partido de la U, sentenció: «¡La crisis del sistema de salud no puede resolverse castigando el bolsillo de los colombianos! No acompañaré estas medidas».
El proyecto revive el fantasma del estallido social de 2021, cuando el intento de gravar la canasta básica con el caso de los huevos de Carrasquilla detonó una crisis de orden público. Ahora, la propuesta de gravar productos como la cebolla, el plátano o el chocolate de mesa ha encendido las alarmas. A esto se suma que el aporte a salud subiría del 4% al 5.5% para ingresos superiores a dos salarios mínimos a partir de 2027, una medida que según los críticos agravará la situación de los trabajadores formales.
«La deuda desbordada que heredamos es tan monstruosa que se traga 1 de cada 3 pesos de los ingresos de la nación»
Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional
Sin embargo, el proyecto no solo suma detractores. El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, respaldó la iniciativa al calificarla como «un paquete de medidas valientes que enfrentan los problemas de raíz». Gómez, cercano al oficialismo, justificó la necesidad del ajuste fiscal por la grave situación heredada. Entre los puntos que destaca la propuesta están la reducción de la renta corporativa del 35% al 31%, el congelamiento de la renta para megainversiones al 20% por 16 años y una tasa del 8% para dividendos al exterior. También se contempla subir el umbral del impuesto al patrimonio de 3.770 a 5.000 millones de pesos y eliminarlo desde 2031, así como un aumento en el umbral para que más trabajadores paguen renta mientras se reduce la carga a grandes fortunas y empresas. En paralelo, el proyecto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo por seis meses para suprimir y fusionar entidades, eliminar empleos y aplicar una reducción del 20% en el gasto de nómina, del 50% en contratistas y un recorte en eventos y pauta oficial.
El senador de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, insistió en que la medida no es progresista y que, pese a las explicaciones oficiales, terminará afectando el bolsillo de los colombianos de menores ingresos. El debate está lejos de zanjarse y la discusión en el Congreso será el escenario donde se definirá el futuro de una reforma que promete seguir generando controversia en los próximos meses.
