La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó este lunes 2 de noviembre de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los exministros Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y Aurora Vergara, quienes hicieron parte del gobierno de Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en la grave crisis que afecta la prestación del servicio de salud de más de 300.000 docentes del país afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La acción judicial, radicada en horas de la tarde, abarca las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo del Fomag entre octubre de 2023 y octubre de 2026, periodo en el que se gestó el actual colapso del modelo de atención médica del magisterio.
Según el documento presentado por la veeduría, la denuncia cuestiona la cancelación de la Invitación Pública 002 en 2023, la posterior aprobación del Acuerdo 003 que dio vida a un nuevo modelo de salud, las fallas operativas evidenciadas desde 2024, el vencimiento de los contratos en diciembre de ese mismo año y las constantes disputas entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora. Los denunciantes consideran que los tres exfuncionarios, en su calidad de miembros del Consejo Directivo, tuvieron responsabilidad directa en las decisiones que llevaron al deterioro del servicio y a un déficit estimado en el fondo que ya supera los 2,7 billones de pesos.
Una crisis anunciada desde 2023
La cronología de la crisis se remonta a octubre de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la Invitación Pública 002 y, horas después, el Consejo Directivo del Fomag canceló formalmente el proceso. En abril de 2024 se aprobó el Acuerdo 003, un nuevo modelo de atención que comenzó a operar en mayo de ese mismo año, pero que ya en julio presentaba serias dificultades con la entrega de medicamentos. A esto se suma que, antes de iniciar operaciones, se transfirieron al nuevo modelo 1,24 billones de pesos, un anticipo que hoy es materia de controversia. Las cifras son contundentes: el 2 de octubre de 2026 se trasladaron adicionalmente 859.000 millones de pesos del rubro de pensiones al de salud, una decisión que agravó el desbalance financiero del fondo.
La Superintendencia Nacional de Salud ya había advertido la magnitud del problema. En septiembre de 2025 adoptó una medida cautelar sobre el sistema, y en mayo de 2026 reportó que 8 de las 13 órdenes impartidas a la entidad seguían incumplidas. A ello se suman las investigaciones que la Procuraduría, la Contraloría y la propia Supersalud adelantan por separado sobre el funcionamiento del modelo de atención docente, con lo que la denuncia penal se convierte en un nuevo frente de responsabilidad para los exministros.
«Por esta razón, de salud y económica, la Red de Veedurías ha denunciado formalmente ante la Fiscalía a tres ministros»
Pablo Antonio Bustos Sánchez, director y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia
El caso de Ricardo Bonilla cobra especial relevancia, pues el exministro de Hacienda ya es investigado y fue enviado a la cárcel por el escándalo de la Ungrd, relacionado con los carrotanques para La Guajira. Esta nueva denuncia se suma a su expediente judicial. La Red de Veedurías, por su parte, pidió a la Fiscalía establecer si los exfuncionarios tuvieron responsabilidad penal en las decisiones cuestionadas del Consejo Directivo y en el consecuente deterioro del servicio de salud de los maestros. La última recomendación formal de ese consejo sobre la red de prestadores se produjo el 9 de octubre de 2025, casi un año antes de la presentación de esta denuncia, lo que demuestra que las advertencias eran reiteradas y conocidas por los ahora denunciados.
