El exministro del Interior Rodrigo Lara solicitó públicamente a los congresistas respaldar la Ley de Sometimiento que se debate actualmente en el Congreso de la República, una iniciativa que contempla penas mínimas de diez años de prisión para los cabecillas de organizaciones criminales y que condiciona cualquier beneficio al cumplimiento previo de requisitos como la entrega de armas, la liberación de personas secuestradas y la entrega del dinero producto de actividades ilegales. Durante su intervención, Lara explicó el funcionamiento del articulado y subrayó que la norma no concede estatus político a los grupos armados, no crea mesas de negociación interminables ni una justicia paralela, y que los beneficios no serán decididos por un funcionario nombrado por el Gobierno sino por un juez de la República.
El exministro detalló que el proyecto exige el cumplimiento previo de esos requisitos para poder acceder a cualquier tipo de beneficio, y que cualquier incumplimiento implica la pérdida inmediata de las condiciones otorgadas. La iniciativa incluye explícitamente a personas relacionadas con el lavado de activos, una disposición que ha generado polémica en el debate legislativo. Con ello se busca afectar tanto a los cabecillas como a las finanzas de las organizaciones criminales, bajo la premisa de que no basta con capturar a un líder si no se llega a los recursos que sostienen la estructura.
Una herramienta jurídica para complementar la ofensiva militar
Según expuso Lara, el objetivo de la ley es complementar las operaciones de la Fuerza Pública con una herramienta jurídica que establezca reglas claras para la entrega y judicialización de quienes abandonen las organizaciones criminales, y que al mismo tiempo golpee sus finanzas. El exministro destacó que la estrategia del Gobierno combina los mecanismos judiciales de sometimiento con la presión militar sobre quienes decidan permanecer en los grupos ilegales, y resaltó los resultados que, según dijo, está dando esa ofensiva.
«Esta ley no les da estatus políticos, ni mesas interminables, tampoco crea una justicia paralela (…) y los beneficios no los decide un funcionario nombrado por el Gobierno, lo hace un juez de la República»
Rodrigo Lara, exministro del Interior
Lara también advirtió sobre la importancia de atacar las estructuras financieras de las bandas criminales y reiteró que la iniciativa se diferencia de la política de Paz Total del Gobierno anterior, pues no otorga estatus político, no crea una jurisdicción paralela ni mesas de negociación interminables. En ese sentido, el exministro respaldó la gestión del ministro del Interior encargado, Iván Cancino, quien asumió provisionalmente la cartera y ha liderado el trámite de la iniciativa en el Congreso.
«De nada sirve capturar a un cabecilla si no se llega a las finanzas»
Rodrigo Lara, exministro del Interior
El proyecto, cuyo texto original fue publicado por Semana, acumula más de tres décadas de experiencia en Colombia en materia de sometimiento y negociación, y se encuentra en pleno debate legislativo, por lo que su contenido podría ser modificado durante el trámite. La iniciativa se complementaría con el futuro Estatuto Antiterrorista y busca establecer reglas claras para la entrega y judicialización de quienes abandonen las organizaciones criminales, al tiempo que golpea sus finanzas. Lara insistió en que la estrategia militar del Gobierno está dando resultados y pidió a los congresistas respaldar un articulado que, según su visión, ofrece una salida jurídica sin concesiones políticas a los cabecillas de las estructuras ilegales.
«Todos sabemos que el Gobierno está liderando una estrategia militar muy eficaz contra estas organizaciones y está dando resultados»
Rodrigo Lara, exministro del Interior
El llamado del exministro se produce en un momento clave del debate, cuando el Congreso discute los alcances de una norma que podría modificarse durante su trámite y que aspira a convertirse en el instrumento jurídico que acompañe la presión de la Fuerza Pública sobre las organizaciones criminales. Con la pena mínima de diez años para cabecillas, la exigencia de entrega de armas, personas secuestradas y dinero ilegal, y la decisión de los beneficios en manos de un juez, el Gobierno busca cerrar cualquier espacio a la impunidad y afectar de manera directa las finanzas de quienes persistan en la ilegalidad.
