En una sesión que se extendió por más de diez horas, el Senado de la República aprobó en tercer debate el proyecto de ley de sometimiento para integrantes de estructuras criminales, bandas o grupos armados ilegales, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La votación, que contó con 57 votos a favor y 24 en contra, contó con la participación de los 108 senadores, entre ellos el ministro del Interior, Iván Cancino; el presidente del Senado, Honorio Henríquez; y las senadoras Nadia Blel, del Partido Conservador, y María Clara Posada, así como Felipe Hernández, del Pacto Histórico. El proyecto establece una ruta jurídica obligatoria para que los criminales se entreguen a la justicia ordinaria, sin negociaciones políticas, y deberá superar ahora su trámite en la Cámara de Representantes y una eventual conciliación si surgieran diferencias entre ambas cámaras.
La iniciativa se tramita antes del vencimiento de la prórroga de la Ley de Orden Público, Ley 418 de 1997, previsto para el 4 de noviembre de 2026, y busca someter a los criminales a la justicia ordinaria sin concederles estatus político, diferenciándose así del modelo de paz total del Gobierno anterior. El proyecto contempla reducciones de pena de hasta el 30 por ciento para mandos o jefes y de hasta el 50 por ciento para los demás integrantes, siempre que cumplan con los requisitos de entrega de armas y bienes, colaboración con la verdad y reparación a las víctimas. Además, establece un límite de seis años para acceder a la libertad condicional y penas mínimas para cabecillas no inferiores a diez años, con una vigencia inicial de cuatro años, aunque originalmente se habían contemplado diez.
Requisitos y condicionamientos del sometimiento
Uno de los puntos clave del proyecto es que el sometimiento está condicionado a la entrega total de armas y bienes, la colaboración con la verdad y la reparación a las víctimas. Según el ministro del Interior, Iván Cancino, «no se va a devolver dinero, tienen que entregar el inventario absoluto de bienes». Además, los beneficios quedarán excluidos para quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad. Quien incumpla las exigencias regresa a la justicia ordinaria y pierde las opciones de reducción de pena o libertad condicional. El proyecto también aclara que no suspende automáticamente órdenes de captura o solicitudes de extradición.
«Someterse a la justicia no puede convertirse en sinónimo de impunidad»
Nadia Blel, senadora del Partido Conservador
Durante el debate, la senadora Nadia Blel enfatizó que el sometimiento no debe ser visto como una vía hacia la impunidad. Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que más de cuarenta senadores, sobre todo de la oposición, intervinieron en la discusión. El senador Felipe Hernández, del Pacto Histórico, expresó su desacuerdo al señalar que «estaría viciada por un presunto mal procedimiento de la mesa directiva que, en su afán de querer aprobarlo a pupitrazo, incurrió en varios errores», y agregó que «aquí seguiremos discutiendo, con argumentos, sobre este proyecto de ley que va en contra de la paz y el diálogo».
Eliminación de la reserva de información del Fonsecon
En un punto relevante de la sesión, el Senado eliminó un artículo que permitía reservar la información sobre los gastos de contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. La senadora María Clara Posada celebró esta eliminación unánime, que cerró la puerta a esa reserva, aunque el trámite sigue pendiente en la Cámara de Representantes. De esta manera, los recursos estatales deberán mantenerse sujetos al escrutinio público.
El ministro Cancino reconoció que existían «algunas pequeñas inconformidades» sobre el articulado, pero la votación final fue favorable al proyecto. A pesar de la aprobación en el Senado, la iniciativa aún debe superar el trámite en la Cámara de Representantes para convertirse en ley, y se espera que el debate continúe en los próximos días.
