El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, posesionó este martes 3 de noviembre, hacia las cuatro de la tarde, a María Elena Ortiz Nova como nueva gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, un nombramiento que de inmediato encendió la polémica política en el departamento por el parentesco de la funcionaria con Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro y procesada penalmente por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La designación fue anunciada por el propio mandatario en su cuenta de X, @CarlosAmayaR, junto con la toma de juramento y el anuncio de otros tres funcionarios que se suman a su equipo de gobierno.
La decisión tiene un peso que va más allá de lo simbólico. La Nueva Licorera comercializa más de un millón de botellas cada año y genera miles de millones de pesos en utilidades e impuestos que se destinan a la salud y a la educación del departamento, razón por la cual la hoja de vida y las relaciones familiares de quien la dirija se convierten en materia de escrutinio público. La nueva gerente no es una desconocida en la administración departamental: fue alcaldesa de Paz de Río, su tierra natal, se desempeñó como directora financiera y fiscal, ocupó en varias ocasiones la Secretaría de Minas y Energía —en 2016, 2024 y 2025— y también fue gerente del Ideboy. Su salida más reciente de la Secretaría de Minas y Energía quedó registrada en el Decreto 0102 del 3 de febrero de 2026, mediante el cual se aceptó su renuncia con efectos a partir del 6 de febrero de ese año.
El argumento del gobernador y la sombra de la Ungrd
Amaya salió a defender la designación antes de que las críticas terminaran de consolidarse. Sostuvo que Ortiz Nova reúne las credenciales profesionales para el cargo y recordó que la conoce desde mucho antes de que su apellido quedara atado al escándalo de la Ungrd, pues fue su secretaria cuando él ejercía como representante a la Cámara por Boyacá, en 2013. Frente al parentesco con Sandra Ortiz, el gobernador fue enfático en negar cualquier tipo de acuerdo político con la familia y en subrayar que la situación penal de la exconsejera no cuenta aún con una decisión judicial en firme.
«Yo conocí a María Elena Ortiz mucho tiempo antes de que conociera a Sandra porque fue mi secretaria cuando fungí como representante a la Cámara por Boyacá, en 2013»
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, al diario El Tiempo
El mandatario fue más allá y trazó una distancia explícita con la exconsejera del gobierno nacional, a quien ubicó como una contradictora de su proyecto político desde hace más de una década. «Sandra Ortiz siempre ha hecho una oposición férrea a mi proyecto político», declaró al diario El Tiempo, y añadió que ese distanciamiento se remonta a 2015, cuando él aspiró a la Gobernación y luego, cuando ambos fueron candidatos a la Cámara, él por el partido Verde y ella por el partido de ‘la U’. «Nunca hemos hecho ningún tipo de acuerdo político», sentenció.
Los otros nombres que llegaron al equipo
La publicación del gobernador no se limitó a la licorera. En el mismo mensaje anunció la llegada de Sara Gabriela Boada Alameda como secretaria privada, de Ángela Patricia Velandia Novoa como gerente de Regiones Boyacá, quien iniciará funciones a partir del viernes, y de William Orlando Vargas Contreras como asesor del despacho del gobernador. «Hoy, grandes profesionales asumen nuevas responsabilidades en el equipo de la #BoyacáGrande», escribió Amaya al presentar a los cuatro funcionarios y desearles éxitos en esta nueva etapa, con un llamado a «seguir trabajando duro por esta tierra».
El nombramiento de Ortiz Nova deja instalada una discusión que acompañará los próximos meses de la administración: la de hasta dónde el peso económico de una empresa licorera departamental exige que sus directivos estén blindados de cualquier sospecha, incluso la que se deriva de un apellido compartido con una funcionaria procesada. Por lo pronto, el gobernador ya fijó su posición y la Constitución, recordó, no castiga a nadie por los delitos de sus familiares.
