El gobierno de Gustavo Petro destinó cerca de 28.000 millones de pesos al programa En-Comunidad, un mecanismo de desarrollo energético comunitario que buscaba convertir a organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en productoras de su propia electricidad. Sin embargo, al cierre del convenio en diciembre de 2025, ninguna de las comunidades beneficiarias había recibido las obras de infraestructura energética previstas. El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, conocido como Fenoge, firmó un convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional para las Migraciones por un valor total de 27.815 millones de pesos, de los cuales Fenoge aportó cerca de 27.063 millones y la OIM unos 752 millones. Este proceso comenzó bajo la administración de la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien creó el mecanismo en mayo de 2023, y continuó con Omar Andrés Camacho, quien amplió el presupuesto, y finalizó con Edwin Palma en la etapa final.
El mecanismo denominado Desarrollo Energético Comunitario contemplaba dos líneas de financiación: una para capacitación, constitución de empresas y formulación de proyectos, y otra para construir las soluciones energéticas. Sin embargo, la segunda línea nunca tuvo recursos asegurados ni fue aprobada, ya que dependía de los resultados de la primera fase. El presupuesto inicial del mecanismo era de 14.112 millones de pesos para aproximadamente 21 organizaciones, pero en noviembre de 2023 se amplió a 27.902 millones para unas 49 organizaciones, y en julio de 2024 se amplió la cobertura a aproximadamente 60 organizaciones sin aumentar el presupuesto. De las 491 postulaciones recibidas, 331 cumplieron los requisitos. A diciembre de 2025, los entregables incluían 50 estudios de factibilidad y 5 estudios técnicos entregados a 55 organizaciones, 740 personas capacitadas y 61 grupos dotados con equipos. Sin embargo, los desembolsos fueron parciales: se giraron 5.130 millones para dotaciones y quedaron suspendidos 7.392 millones por incumplimiento de requisitos.
Promesas incumplidas en los territorios
En las regiones, las comunidades esperaron durante años una promesa que nunca se materializó. En Playita Copomá, en el Litoral del San Juan, Chocó, el gobernador Robinson Cabezón Chamapuro expresó que su comunidad fue fundada en 2011 y hasta 2026 no conocían la energía eléctrica. Allí existe un terreno reservado desde 2025 para paneles solares que nunca llegaron, y la pequeña planta existente quedó averiada por un sismo. En el resguardo indígena de Río Pichimá, Iquino Cuero manifestó que son beneficiarios del proyecto pero no han tenido el beneficio hasta el momento. En el corregimiento de Santa María, en Bolívar, la comunidad destinó 12 hectáreas para una posible instalación solar tras casi dos años de formación y estudios. Luz Neida Ardila, representante de Afrominba en Barranco de Loba, Bolívar, dijo que no entendían por qué el proyecto quedó hasta allí. En el corregimiento de San Antonio de esa misma zona, el terreno seleccionado beneficiaría a una institución educativa, pero las fluctuaciones del servicio eléctrico han dañado electrodomésticos como neveras y lavadoras.
“En la promesa de fondo, todavía no, y no lo voy a maquillar”
Edwin Palma, exministro de Minas y Energía
Edwin Palma, exministro de Minas y Energía, reconoció en declaraciones textuales que en la promesa de fondo todavía no se había cumplido y que no lo iba a maquillar. También afirmó que no podía garantizar que todo se ejecutó exactamente como se prometió. Palma atribuyó la falta de financiación de las obras a las observaciones sobre la calidad de los estudios realizados por la OIM y señaló que comprometer recursos sobre proyectos en revisión habría sido irresponsable. Además, indicó que el contrato no incluyó mecanismos suficientes para rastrear los gastos de la OIM, lo que motivó un hallazgo de la Contraloría con posible incidencia disciplinaria.
El programa En-Comunidad nació como un mecanismo de Desarrollo Energético Comunitario aprobado por el comité directivo de Fenoge el 29 de mayo de 2023, bajo la ministra Irene Vélez. La convocatoria estaba dirigida a juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas, cooperativas y otras asociaciones, especialmente de territorios vulnerables con dificultades de acceso a la electricidad. Sin embargo, en la sesión del 16 de julio de 2024, el entonces ministro Camacho preguntó si los beneficiarios de En-Comunidad estaban entre las primeras 1.000 comunidades energéticas priorizadas por el Gobierno, y la directora de Fenoge, Ángela Patricia Álvarez, respondió que eran adicionales, lo que implicaba que no tenían garantizado acceso a otros programas de financiación para ejecutar las obras.
En mayo de 2026, Afrominba presentó un derecho de petición ante Fenoge, y el director Brayan Giraldo Ruiz respondió que el programa terminó su ejecución en diciembre de 2025 y está en proceso de liquidación. El informe de gestión y empalme del 31 de diciembre de 2025 registró diferencias con la OIM por desembolsos y observaciones sobre la calidad de los productos, situaciones que dificultaban la liquidación del convenio. La Contraloría General de la República tuvo dificultades para rastrear el uso de los 27.815 millones de pesos, ya que los informes agrupaban gastos en rubros generales sin identificar proveedores, pagos y soportes, y el convenio no exigía comprobantes individuales de las contrataciones internas de la OIM. La auditoría de cumplimiento a Fenoge de la vigencia 2025, publicada en junio de 2026, emitió concepto con reservas e identificó cinco hallazgos administrativos, tres con posible incidencia disciplinaria por fallas de supervisión, retrasos y problemas de planeación.
Comunidades constituidas como empresas sin recursos para operar
El caso de Pueblo Nuevo Mejía, en San Martín de Loba, Bolívar, es emblemático: la comunidad constituyó la empresa Enerpume S.A.S. E.S.P. para gestionar una planta solar de 159,6 kilovatios pico con un costo estimado de 5.432 millones de pesos, pero nunca se financió. Un representante comunitario advirtió que las asociaciones quedaron con empresas legalmente constituidas pero sin recursos, lo que puede generar obligaciones administrativas y tributarias. Harrison Javier Klinger, líder del corregimiento de Santa María, indicó que la comunidad destinó 12 hectáreas para una posible instalación solar tras casi dos años de formación y estudios. Enol Chamarra Chiripúa, gobernador de Isla Bello, en el resguardo Buenavista, llevaba más de dos años en capacitaciones sin avances, y Willington Siciliano Siricúa, de Tiberias, en el resguardo San Antonio de Togromá, recordó que se anunciaron paneles para 40 familias que nunca llegaron.
“¿De qué sirve tener una empresa registrada si no existen los recursos para ponerla a funcionar?”
Representante comunitario de Pueblo Nuevo Mejía
Las cifras revelan una brecha enorme entre lo prometido y lo ejecutado: 740 personas capacitadas, 61 grupos dotados con equipos y 50 estudios de factibilidad frente a cero obras de infraestructura energética construidas. Los costos reportados por la OIM incluyen dos estudios de factibilidad rechazados y cerca de 3.230 millones de pesos en gastos bajo revisión por posibles sobrecostos, además de seis eventos por 930,9 millones sin relación acreditada con el convenio. La conciliación preliminar dejó un saldo de 389,7 millones a favor del fondo, sujeta a liquidación definitiva. El entonces director de Fenoge, Brayan Giraldo Ruiz, confirmó que dentro del programa no se adelantó ningún proceso individual de implementación física de los proyectos energéticos.
“Somos una comunidad fundada en 2011 y no conocemos nunca una energía a este 2026”
Robinson Cabezón Chamapuro, gobernador de Playita Copomá
El gobierno destinó cerca de 28.000 millones de pesos a un programa que, a pesar de generar expectativas en comunidades históricamente marginadas del servicio eléctrico, terminó sin cumplir su objetivo principal: llevar energía a territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes. Mientras las comunidades quedaron con empresas constituidas pero sin recursos, y los terrenos destinados a paneles solares permanecen vacíos, el convenio entre Fenoge y la OIM enfrenta un proceso de liquidación con observaciones de la Contraloría y posibles incidencias disciplinarias. La promesa del desarrollo energético comunitario se quedó en capacitaciones y estudios, y las comunidades del Chocó, Bolívar y otras regiones del país continúan esperando la electricidad que les fue prometida.
