El Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), remitirá a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación un informe detallado sobre presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, que incluyen recortes presupuestarios por 1,75 billones de pesos, una caída drástica en la aprobación de créditos educativos y la firma de contratos por 83.770 millones de pesos para un proyecto de ahorro educativo que, según estudios internos, habría sido inviable desde el punto de vista financiero. Así lo anunció el presidente del Icetex, Richard Alexander Caicedo Rico, quien asumió el cargo el pasado 18 de agosto y de inmediato ordenó una revisión exhaustiva de los últimos cuatro años de gestión.
La revisión, liderada por Caicedo bajo la supervisión de Abelardo de la Espriella, reveló que los créditos educativos aprobados pasaron de 70.000 en 2024 a apenas 10.621 en 2025, una reducción que ha dejado a miles de jóvenes sin acceso a financiamiento. Además, se detectó un incremento del 80% en la contratación por prestación de servicios entre 2022 y 2026, con un costo superior a los 70.000 millones de pesos en el último año, lo que representa un aumento de más del 140% en el gasto administrativo.
«La transparencia con el dinero de la educación y los proyectos de vida de los jóvenes colombianos no es negociable»
Richard Alexander Caicedo Rico, presidente del Icetex
Las cifras de la presunta mala gestión
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran los recortes presupuestarios por 1,75 billones de pesos en los últimos dos años, que habrían afectado la capacidad del Icetex para otorgar créditos. A esto se suma la eliminación del subsidio a la tasa de interés, que a partir de 2026 dejaría sin beneficio a cerca de 200.000 jóvenes colombianos. En cuanto al proyecto de cuenta de ahorro educativo voluntario, regulado por el Decreto 375 de 2018, la administración anterior comprometió 83.770 millones de pesos en tres contratos, pese a que un estudio de factibilidad, con un costo superior a los 534 millones de pesos y concluido en septiembre de 2025, determinó que el proyecto no era viable financieramente. «No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad», señaló Caicedo.
Contratos tecnológicos y gastos administrativos bajo la lupa
La revisión también puso el foco en un contrato tecnológico relacionado con el proyecto de ahorro educativo, del cual se desembolsaron aproximadamente 48.700 millones de pesos en menos de un año, con entregas que superan el 50% del valor total del contrato. Estos recursos, junto con los destinados a asesorías, serán revisados para determinar si existieron irregularidades en su ejecución. El informe será puesto en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para que determinen posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias. «Es inaceptable que mientras las familias colombianas pedían soluciones de crédito y financiamiento, el gasto interno en burocracia siguiera aumentando», declaró Caicedo.
El presidente del Icetex anunció que se implementará una política de austeridad y se buscará reducir la contratación externa, así como revisar los recursos comprometidos en tecnología y asesorías vinculados al fallido proyecto de ahorro educativo. La entidad espera que los entes de control determinen si hubo responsabilidades fiscales o disciplinarias en la administración anterior, que habría comprometido los 83.770 millones de pesos pese a las advertencias de inviabilidad financiera.
