El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió al paso de las afirmaciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli Arteaga, y negó de manera categórica que la Ley de Sometimiento (Ley 2640) tenga similitudes con el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz. En una intervención ante los medios de comunicación, posterior a la Cumbre Internacional de la Justicia y del Derecho celebrada el 26 de octubre, el funcionario aseguró que la nueva normativa no tiene ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP.
Fue precisamente en ese escenario, convocado por la Corporación Excelencia en la Justicia en el marco de sus 30 años de existencia, donde Ramelli manifestó su sorpresa al encontrar en la Ley 2640 descuentos en las sanciones por acciones restaurativas, un mecanismo que, a su juicio, terminaba asemejándose a lo que hace la JEP. «Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención. Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?», cuestionó el magistrado.
La defensa del Gobierno frente a las críticas
Ante esos señalamientos, Cancino fue enfático en su respuesta: «Yo escuché el otro día al doctor Alejandro Ramelli decir que esta ley era muy parecida y nada tiene de parecido, porque yo no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo». El ministro subrayó que la normativa sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella exige a quienes se sometan entregar no solo rutas y armas, sino que también los obliga a revelar todos sus vínculos con los diversos actores de la población, incluidos temas de corrupción en la administración pública y conexiones con la política, algo que, según dijo, la ley sí prevé de manera clara.
«Tienen que entregar no solo rutas, armas, sino también es obligatorio (que revelen) todos los vínculos con los diversos actores de la población, incluido temas de corrupción en la administración pública y temas de vínculos con la política, temas de vínculos con la política que esta ley sí prevé».
Iván Cancino, ministro de Justicia
El ministro también se refirió a la protección de los menores de edad en el marco del conflicto, al destacar que la niñez es una de las prioridades del Gobierno y que los niños han sido víctimas en la operación de los grupos terroristas al margen de la ley. En ese sentido, reiteró que la víctima está en el centro de la Ley de Sometimiento y que la norma contempla medidas excepcionales más fuertes en casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, además de no permitir la devolución de bienes decomisados.
La réplica del Congreso contra la JEP
El debate también llegó al Congreso. El congresista Daniel F. Briceño se pronunció en su cuenta de la red social X con duras críticas hacia el presidente de la JEP, a quien acusó de no superar el recorte que le hizo el Congreso a esa jurisdicción. En su mensaje, Briceño sostuvo que en la JEP no dan cárcel y que los criminales se burlan de las víctimas haciendo trabajo social, mientras que en la Ley de Sometimiento, si bien hay rebajas de hasta el 50 por ciento y del 30 por ciento para cabecillas, se sigue contemplando la cárcel.
«En la JEP no dan cárcel, los criminales se burlan de las víctimas haciendo trabajo social, en la ley de sometimiento hay rebajas de hasta el 50% y el 30% a cabecillas pero se sigue contemplando la cárcel. Ramelli no supera el recorte que le hizo el Congreso a la jurisdicción de impunidad y por eso miente de esta forma descarada».
Daniel F. Briceño, congresista
La Ley 2640 de 2026, conocida como Ley de Sometimiento, fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella, y establece un marco de desmantelamiento para grupos armados organizados al margen de la ley. Mientras el Gobierno la defiende como una herramienta rigurosa y centrada en las víctimas, las declaraciones de Ramelli abrieron un nuevo frente de controversia sobre los límites entre la justicia penal ordinaria y los mecanismos transicionales, especialmente por los descuentos en las sanciones a cambio de acciones restaurativas, un punto que promete seguir generando debate en el ámbito jurídico y político del país.
