El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de realizar un segundo recorte al Presupuesto General de la Nación de 2026 para intentar acercarse a la meta de ahorro de 20 billones de pesos, luego de que el primer ajuste, ejecutado el pasado 22 de octubre, se quedara en 13,8 billones de pesos debido a las rigideces del gasto y al impacto fiscal aún no cuantificado del terremoto de agosto. Así lo anunció el viceministro Técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, durante el XIII Congreso de Asofiduciarias, donde explicó que el ajuste inicial resultó insuficiente porque el presupuesto fue recibido con ocho meses de ejecución ya cumplidos, lo que redujo el margen para modificar compromisos adquiridos, y porque el costo del sismo, que sigue sin una estimación definitiva, agravó la presión sobre las finanzas públicas.
El primer recorte, expedido el 22 de octubre, distribuyó 6,8 billones de pesos en contratación, 4 billones en deuda y 3 billones en gastos de funcionamiento, pero no logró cubrir la meta prevista. «Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de 20 billones de pesos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible», afirmó Betancur, quien añadió que «el ajuste que pudimos implementar no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando por el costo del terremoto». El viceministro subrayó que la política fiscal no se hace con anuncios sino con decisiones, y que el déficit primario para 2026 será más cercano al del año pasado, del 3,5 %, en lugar del 3,3 % previsto inicialmente.
Betancur también advirtió sobre el bajo desempeño del sector privado: mientras el crecimiento económico total se proyecta entre el 2,5 % y el 2,9 %, la economía privada crece apenas al 1 %. «Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre», señaló. El viceministro insistió en que un ajuste fiscal reduciría las primas de riesgo y abriría espacio para la inversión privada.
Advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal
El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Juan Carlos Ramírez, lanzó duras advertencias sobre la situación fiscal del país durante el mismo evento. Ramírez calificó como «los niveles más altos en la historia del país» los déficits proyectados para 2027: un déficit total del 9,5 % del PIB y un déficit primario del 4,5 %, todo ello «en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial». El Carf atribuyó el desbalance a la sobreestimación de ingresos en 2024, cuando se registró una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB entre lo estimado y lo recaudado, un bache que no fue corregido oportunamente y que se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes.
Ramírez explicó que el presupuesto es una autorización de gastos y que, si con base en una sobreestimación de ingresos se aprueban gastos que no se pueden pagar en el año, se acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, lo que se conoce como reservas presupuestales. Estas reservas, que tradicionalmente superaban los 20 billones de pesos, llegaron a 50 billones en 2024 y solo bajaron parcialmente en 2025, generando una restricción para los nuevos gastos de cada año. «Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas», afirmó Ramírez.
«Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50%, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia».
Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf
El panorama se agrava al considerar que los intereses de la deuda consumen hoy una tercera parte de los ingresos tributarios y, sin reformas, podrían llegar al 50 % en tres años. La deuda del Gobierno central, sin un ajuste, pasaría del 60 % al 67 % del PIB, cuando el límite sostenible se sitúa en el 71 %. El Carf identificó además diversas contingencias para 2027, como gastos de personal, pensiones, el régimen subsidiado de salud, subsidios de energía por el fenómeno de El Niño, los efectos fiscales del terremoto y posibles aumentos salariales producto de acuerdos sindicales. Sin una ley de rescate fiscal, el Gobierno necesitaría captar cerca de 26.000 millones de dólares en mercados internacionales en 2027, cinco veces más que el promedio histórico anual de 5.000 millones de dólares de la última década.
El Gobierno ha reconocido que se requiere un ajuste fiscal de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años. Betancur concluyó que, a pesar de las dificultades, el esfuerzo de ajuste es necesario para recuperar la credibilidad y evitar que el país enfrente una crisis de mayores proporciones. El Ministerio de Hacienda continúa evaluando las alternativas para un segundo recorte presupuestal que permita, al menos, acercarse a la meta de ahorro de 20 billones de pesos y contener el deterioro de las finanzas públicas.
