La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, acompañada por consejeros y líderes juveniles de las localidades de Engativá, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Fontibón en Bogotá, radicó un requerimiento formal de cumplimiento ante la Presidencia de la República y seis dependencias del Ejecutivo, otorgando un plazo de 10 días hábiles para que el Gobierno de Abelardo de la Espriella defina qué entidad estatal asumirá la rectoría de la política pública de juventud. Esta acción surge tras la liquidación del Ministerio de Igualdad, ordenada por la Corte Constitucional, que tuvo como consecuencia la supresión del Viceministerio de las Juventudes sin que hasta la fecha se haya expedido un decreto que reasigne sus competencias, generando un vacío institucional que impide la ejecución de la Ley 1622 de 2013.
La congresista, quien anunció que acudirá a instancias judiciales mediante una acción de cumplimiento si no obtiene una respuesta en el término legal, señaló que el propio Gobierno ha reconocido por escrito que no cuenta con una definición sobre las entidades que asumirán dichas funciones. «Radicamos un requerimiento de cumplimiento y le dimos al Gobierno 10 días hábiles para definir qué entidad asumirá la rectoría de la política pública de juventud. Su propia respuesta escrita reconoce que ‘a la fecha no se cuenta con una definición sobre las entidades que asumirán las funciones’», afirmó Carrascal en un pronunciamiento difundido a través de redes sociales. La falta de definición ha generado una parálisis en los mecanismos de interlocución juvenil, con la comisión intersectorial de juventud sin sesionar desde agosto, la suspensión de la asistencia técnica a municipios desde junio y reducciones presupuestales proyectadas para la vigencia 2027 en áreas clave como cultura, deporte y educación superior.
Exigencias claras y advertencia de acción judicial
El documento radicado exige que, en un plazo máximo de diez días hábiles, el Gobierno expida un plan de acción y convoque los espacios donde la juventud decide, en referencia a los consejos y plataformas de participación juvenil que la ley establece. «Que digan quién asume la rectoría, que expidan un plan de acción y que convoquen los espacios donde la juventud decide», enfatizó la representante. Carrascal recordó que hace dos meses el Ejecutivo anunció medidas transitorias para solventar el vacío, pero hasta el momento no se ha emitido ningún decreto que asigne formalmente las responsabilidades, lo que, según sus palabras, demuestra que «así no se cuida a la juventud ni se garantiza que tengan condiciones para participar».
«Dos meses después y ni un decreto que diga quién responde por ustedes, las juventudes de Colombia. Así no se cuida a la juventud ni se garantiza que tengan condiciones para participar.»
Mafe Carrascal, Representante a la Cámara
Juventudes toman la iniciativa ante la omisión institucional
Frente a la falta de convocatoria estatal, los líderes juveniles que respaldaron la radicación advirtieron que no permanecerán a la espera de una decisión gubernamental y que promoverán espacios autónomos de deliberación para construir su agenda desde los territorios. «Si el gobierno no convoca, la agenda de juventud la construimos nosotros y nosotras en asambleas populares desde cada uno de nuestros territorios», declararon los jóvenes provenientes de Engativá, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Fontibón. La congresista ratificó que mantendrá un seguimiento legislativo constante sobre las decisiones administrativas que adopte la Presidencia respecto a la institucionalidad juvenil, mientras que el próximo paso, en caso de no obtener respuesta en el plazo estipulado, será acudir a la acción de cumplimiento ante los tribunales competentes para exigir que se garantice la ejecución de la política pública de juventud, afectada por un vacío que ya se prolonga por más de dos meses.









