La firma De la Espriella Lawyers emitió un comunicado este 26 de mayo de 2026 desmintiendo categóricamente al presidente Gustavo Petro y a la familia de Rosa Elvira Cely, asegurando que nunca cobró honorarios por la representación penal del caso, el cual fue asumido como «pro bono» dentro de su programa de responsabilidad social. La controversia, que ha sacudido el escenario político en plena campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, se originó tras las declaraciones de Juliana Cely, hija de la víctima, quien afirmó que la familia solo recibió el 10% de la indemnización total otorgada por el Estado, mientras que el resto habría sido retenido por el togado. El presidente Petro reaccionó en redes sociales calificando la situación como «muy ruin», desatando una polémica que la firma jurídica busca aclarar con lo que denominan «rigor jurídico y claridad en la comunicación».
El caso se remonta a mayo de 2012, cuando Rosa Elvira Cely fue víctima de un brutal feminicidio en el Parque Nacional de Bogotá, un crimen que conmocionó al país y que posteriormente impulsó la creación de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015), que tipifica el feminicidio en Colombia. Según el comunicado de la firma, la representación penal del caso se desarrolló entre 2012 y diciembre de ese mismo año, cuando concluyó su gestión sin que mediara compensación económica alguna. La defensa de la familia Cely ante la justicia penal, afirman, fue completamente gratuita. Sin embargo, la controversia actual se centra en la indemnización administrativa que el Estado reconoció a la familia en 2023, un proceso que, según De la Espriella Lawyers, ocurrió después de que su representación hubiera terminado, y del cual nunca recibieron dinero.
Las declaraciones que encendieron la polémica
Juliana Cely, hija de Rosa Elvira, ha sido la voz más crítica en esta controversia, asegurando en diversos medios que el contrato legal firmado con el abogado establecía que los recursos de la indemnización debían ingresar a una cuenta bancaria controlada por De la Espriella. «No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones. Sabía que el Estado tenía una responsabilidad y de allí se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia, y en especial hablo por mí, con el 10% de la reparación económica total», declaró Juliana Cely a los medios de comunicación, en medio de la campaña presidencial. La hija de la víctima también expresó su indignación por el uso político de su historia familiar: «Me da asco ver cómo está usando mi historia, la lucha feminista y un proyecto que impactó en la historia de Colombia y de las mujeres para limpiar su imagen en plena campaña».
«DE LA ESPRIELLA LAWYERS y el doctor Abelardo De La Espriella nunca cobraron ni recibieron suma alguna de dinero por concepto de la representación dentro del proceso penal referido»
Firma De la Espriella Lawyers, comunicado oficial
Por su parte, Abelardo de la Espriella ha defendido su gestión en redes sociales, afirmando que «aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely». El candidato presidencial busca así contrarrestar las acusaciones que ponen en duda su compromiso con la causa feminista y la transparencia en el manejo de los recursos de la familia víctima. La firma, en su comunicado, también señaló que las declaraciones de Juliana Cely en Noticias Uno «no afirmaban que el abogado se hubiera apropiado de porcentaje alguno de la indemnización», insinuando una posible contradicción en las versiones.
La controversia, que estalla a 14 años del feminicidio de Rosa Elvira Cely, ha puesto en el centro del debate público no solo la integridad del candidato presidencial, sino también la forma en que se gestionan las reparaciones a las víctimas de violencia de género en Colombia. Mientras la familia Cely asegura haber cambiado de abogados antes de la aprobación de la Ley Rosa Elvira Cely en 2015, negando que De la Espriella hubiera impulsado esa legislación, la firma jurídica reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, aunque sin presentar aún documentación que respalde su versión de los hechos ante la opinión pública y las autoridades competentes.
