El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que eliminará la figura del Alto Comisionado para la Paz a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá la jefatura del Estado. La medida, justificada por el mandatario como parte de una reforma administrativa, ha desatado una oleada de críticas por parte de políticos de izquierda, quienes la califican como un intento de desmantelar la institucionalidad construida en torno al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc.
En su declaración, De la Espriella afirmó categóricamente: “Se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”. La eliminación implica que las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo serán transferidas al Comisionado Nacional de Seguridad, lo que, según el presidente electo, busca poner fin a lo que denominó procesos de “falsa paz”.
Las reacciones no se hicieron esperar. La exsenadora María José Pizarro, quien fungió como jefa de debate de Iván Cepeda, señaló en redes sociales que “lo disfrazan de ‘reforma administrativa’, pero es el inicio de la motosierra y el desmonte deliberado de toda la institucionalidad para la paz”. Agregó que “disfrazan de seguridad pero es impunidad para los protagonistas y carta blanca para quienes quieren borrar la historia, sus delitos y la verdad. Ya sabemos que la patria milagro es guerra a lo que dé”. En la misma línea, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias recordó que ni siquiera el expresidente Álvaro Uribe, durante su mandato entre 2002 y 2010, se atrevió a desmontar la Oficina del Comisionado de Paz, y mantuvo a Luis C. Restrepo en ese cargo. “Anunciar la persecución a Rodrigo Londoño y a los firmantes de paz es anunciar el delito de perfidia. Discurso hiperneoliberal y ultraderechista zafio y cerril”, afirmó Arias.
Por su parte, el senador electo de la Alianza Verde, Ariel Ávila, cuestionó directamente al presidente electo: “Abelardo de la Espriella quiere acabar con el Acuerdo de Paz de La Habana, pero no puede porque sería violar la Constitución, esa que dijo que iba a defender. ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad que la JEP puede dar? ¿Cuida los intereses de alguien?”. En tanto, el expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras advirtió que “la eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno, no podrán hacerlo por decreto: tiene anclaje en la ley y en la Constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”. Barreras subrayó además que la Agencia de Reincorporación tampoco puede eliminarse sin tramitar una ley.
“Las decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”.
Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico
El anuncio de De la Espriella marca un giro radical en el enfoque de la paz en Colombia, poniendo en el centro de la polémica el futuro de los acuerdos con las Farc y generando un debate sobre la viabilidad legal de sus planes, que, según opositores, podrían requerir reformas constitucionales y legislativas para concretarse.
