Un juez de Bogotá ordenó la detención en centro penitenciario del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos delitos de corrupción en la autorización de licencias de construcción. La decisión fue adoptada por el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, tras la solicitud de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional, que señaló al mandatario local como presunto responsable de los delitos de concusión y prevaricato por acción. La captura se ejecutó el 7 de mayo frente a la plaza principal del municipio boyacense, ante la mirada de residentes y turistas, y la audiencia se realizó en la capital del país.
Según la investigación, el alcalde habría solicitado una suma equivalente al 20% del valor del trámite para aprobar una licencia de construcción, además de condicionar el avance de la obra a la contratación de una persona de su confianza con un salario de 13 millones de pesos mensuales. La propuesta ilícita se concretó el 4 de marzo de 2026 y la empresaria, quien denunció los hechos formalmente el 28 de abril, se negó a acceder a las exigencias. La Fiscalía presentó como pruebas grabaciones de voz y mensajes en los que, presuntamente, Gamboa Chaparro realizaba estas peticiones.
El caso se originó por una disputa con la familia Solarte, empresarios nariñenses, cuyo proyecto inmobiliario en la vereda El Roble, iniciado en 2022, superaba por amplio margen la licencia otorgada. El permiso municipal autorizaba la edificación de 552 metros cuadrados, pero la construcción alcanzó más de 5.200 metros cuadrados, incluyendo una capilla, teatro, lagos y piscina. La Inspección Segunda de Policía impuso una multa de 232 millones de pesos y ordenó la demolición de parte de la obra, una sanción que la defensa del alcalde considera la verdadera causa de la denuncia en su contra, calificándola de retaliación.
La defensa, encabezada por el abogado Ricardo Burgos, ha solicitado un cotejo de voces para verificar la autenticidad de las grabaciones presentadas como evidencia y alega que se trata de un montaje. Insiste en la inocencia del mandatario y en que la denuncia responde a un conflicto de intereses con los empresarios sancionados. El proceso judicial tuvo varias postergaciones antes de concretarse la audiencia que definió la medida de aseguramiento.
Vecinos del sector describieron la obra como “un palacio disfrazado de cabaña”, en alusión a la desproporción entre lo autorizado y lo construido. Mientras tanto, el alcalde permanece privado de la libertad a la espera de que se resuelvan las objeciones de su defensa y se determine su situación jurídica definitiva.
