Un informe del Diálogo Interamericano, presentado en Bogotá, encendió las alarmas sobre la seguridad en Colombia al advertir que alcaldes y gobernadores asumen cada vez mayores responsabilidades en la materia, pero carecen de los recursos y del control operativo sobre la Policía Nacional para enfrentar el crimen. El documento, titulado «Repensar la seguridad en Colombia: Liderazgo subnacional en una crisis nacional», sostiene que las autoridades locales deben responder ante sus comunidades por la violencia, sin embargo, no tienen injerencia en los nombramientos, traslados o presupuesto de la institución policial, que depende del Ministerio de Defensa. Esta brecha entre la responsabilidad y la capacidad limita la eficacia de las estrategias de seguridad en los territorios.
La radiografía fiscal que presenta el informe es contundente: el Gobierno nacional transfiere aproximadamente el 20% de sus ingresos a los gobiernos locales a través del Sistema General de Participaciones, pero la mayor parte de esos recursos está comprometida. El 58.5% se destina a educación, el 24.5% a salud y el 5.4% agua y saneamiento, dejando apenas un 11.6% para gastos de libre destinación, donde se incluye la seguridad. En la práctica, los alcaldes y gobernadores disponen de un margen fiscal muy estrecho para financiar políticas de prevención y reacción. Además, el informe ilustra la falta de coordinación con el caso de Bogotá, donde la Alcaldía y el Gobierno nacional terminan financiando los mismos insumos, como vehículos y equipos, sin lograr cubrir un déficit estimado de 10 mil policías en la capital.
Impunidad y ataques al poder judicial agravan la crisis
El contexto judicial profundiza la preocupación. De acuerdo con el informe, más del 93% de los procesos penales activos en 2024 no superaron la etapa de indagación preliminar, una muestra de la alta impunidad que enfrenta el país. Paralelamente, los ataques contra jueces, fiscales y empleados judiciales ocurren con una frecuencia de aproximadamente un caso cada nueve días, y más del 97% de estos hechos permanecen sin resolver. Para el Diálogo Interamericano, esta situación afecta la confianza de las víctimas y de la ciudadanía, y reduce el efecto disuasorio de las operaciones policiales, creando un círculo vicioso que favorece a las organizaciones criminales.
El informe plantea que la simple aplicación de la ley no es suficiente para contener la crisis. Se requiere un enfoque de prevención que se concentre en los jóvenes, las familias y los barrios más vulnerables al reclutamiento criminal. Para ello, los investigadores proponen mecanismos de coordinación permanente entre la Nación y los territorios, que trasciendan los ciclos políticos. En ese sentido, señalan que el Programa Departamentos y Municipios Seguros, creado en 2004, logró avances en la articulación local con la Policía, pero perdió impulso tras un cambio de gobierno, aunque algunas de sus metodologías persisten. El documento advierte que varios mandatarios locales han recibido amenazas de muerte, lo que subraya la urgencia de dotarlos de herramientas reales para ejercer su liderazgo en seguridad sin poner en riesgo su vida ni su gestión.
