El gerente general encargado del Banco de la República, Hernando Vargas, advirtió que el gobierno de Abelardo de la Espriella deberá emprender un ajuste simultáneo de ingresos y gastos para cerrar el déficit fiscal proyectado en el Presupuesto General de la Nación de 2027 y contener el crecimiento de la deuda pública. La advertencia del emisor surge al analizar el proyecto presupuestal, que asciende a 575,7 billones de pesos y presenta un faltante de 30,2 billones de pesos, equivalente al 1,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Según el diagnóstico del banco, existe una brecha estructural entre un gasto total que ronda el 23 por ciento del PIB y unos ingresos tributarios que promedian apenas el 14,7 por ciento del PIB entre 2021 y 2025, lo que hace inviable cubrir el desequilibrio solo con recursos contingentes como los provenientes del petróleo, cuya base es inestable por su dependencia de la producción, el precio internacional y la tasa de cambio.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla ingresos aforados por 545,4 billones de pesos, frente a un gasto que incluye un servicio de la deuda de 118 billones de pesos, lo que representa un incremento frente a los 100,5 billones de pesos estimados para 2026. Este crecimiento está impulsado principalmente por un aumento del 54,8 por ciento en los intereses de la deuda interna. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) coincide con el diagnóstico del Banco de la República y advierte que, sin medidas correctivas, el gasto superaría la meta fiscal en 2,2 puntos del PIB, por lo que el ajuste necesario para alcanzar un déficit primario de 0,5 por ciento del PIB en 2027 sería equivalente al 3,7 por ciento del PIB. Frente a este panorama, el ministro de Hacienda, Mauricio Gómez, ha descartado que subir impuestos sea una opción, lo que apunta a que el ajuste deberá concentrarse en la reducción del gasto, posiblemente en la inversión pública, si no se logra una reasignación de partidas.
Presión del Sistema General de Participaciones
Uno de los factores que podría agravar el desequilibrio fiscal es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada mediante el Acto Legislativo 03 de 2024, que prevé un incremento gradual de la participación territorial hasta el 39,5 por ciento en un plazo de 12 años. Hernando Vargas fue contundente al señalar que, en ausencia de una reasignación clara de competencias y de una reducción equivalente de partidas de gasto en el nivel nacional, el aumento del SGP podría traducirse en una presión adicional permanente sobre el Presupuesto General de la Nación y, consecuentemente, en un riesgo nuevo sobre la sostenibilidad de la deuda del Gobierno. El banco central subrayó que la reforma requiere una ley orgánica de competencias para redefinir funciones entre la Nación y los territorios, sin la cual el incremento de recursos a las regiones se sumaría a los gastos atados que ya limitan el margen de maniobra fiscal, como el servicio de la deuda, las pensiones y las vigencias futuras.
«En ausencia de una reasignación clara de competencias y de una reducción equivalente de partidas de gasto en el nivel nacional, el aumento del SGP podría traducirse en una presión adicional permanente sobre el PGN y, consecuentemente, en un riesgo nuevo sobre la sostenibilidad de la deuda del Gobierno».
Hernando Vargas, gerente general encargado del Banco de la República
El llamado del Banco de la República y el Carf plantea un escenario complejo para la administración de Abelardo de la Espriella, que deberá definir una estrategia de consolidación fiscal creíble que combine recortes de gasto con posibles fuentes alternativas de ingresos, en un contexto donde los márgenes son cada vez más estrechos y la sostenibilidad de la deuda pública está en el centro del debate macroeconómico del país.
