El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, respaldó el Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, que levanta la suspensión general del porte de armas en Colombia, vigente desde 2015. Sin embargo, el exfuncionario advirtió que el impacto de esta medida debe ser evaluado con monitoreo constante y dentro de los límites legales establecidos. Barbosa hizo estas declaraciones en una entrevista con Infobae Colombia, donde subrayó que el decreto no implica un libre porte de armas, sino una reactivación restringida de permisos ya existentes, sujetos a los requisitos que ya contempla la ley y bajo el control estatal a través de Indumil.
Barbosa argumentó que la prohibición absoluta del porte de armas adquiridas legalmente contradice la lógica jurídica, ya que, según señaló, “no tiene ningún sentido que se pueda comprar un arma a través del Estado, a través de Indumil, luego se le dé una licencia de tenencia y usted no pueda portarla”. El exfiscal también destacó que Colombia no sigue el modelo estadounidense de venta libre de armas, pues aquí “no hay venta libre de armas”, y aclaró que el decreto se basa en el porte sobre personas que ya cumplieron con los requisitos legales para obtener un permiso de tenencia.
Una medida que genera debate
La decisión del gobierno de De la Espriella, enmarcada en su programa de gobierno, ha sido criticada por sectores de la oposición, que la califican como una liberalización sin controles. No obstante, Barbosa pidió evitar prejuzgar la medida y centrar el debate en su implementación. “Hay que mirar con mucho detenimiento el decreto que expidió el Gobierno”, afirmó, y añadió que “debe tener unos límites y debe estar conforme con la ley”. El exfiscal también cuestionó que durante los once años de vigencia de la suspensión no se hicieran evaluaciones de su efectividad, y propuso que ahora se realice un monitoreo de la aplicación del porte para evaluar la política pública.
“No es un decreto de libre porte de armas en Colombia, sino un decreto que retoma la posesión y el porte en casos específicos que tienen autorización”
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación
En cuanto a las cifras que contextualizan la problemática, en lo corrido del año se han incautado 15.700 armas ilegales, de las cuales más de 14.100 estaban vinculadas con delitos. Barbosa insistió en que el Gobierno debe evaluar si la medida tendrá la eficacia esperada, y concluyó: “Habrá que ver si tiene la eficacia que el Gobierno quiere”. El exfiscal recordó que la suspensión general del porte fue impuesta en 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y se mantuvo durante once años, hasta que De la Espriella firmó el Decreto 1368.
