En el marco de las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026, una mujer de 44 años fue capturada en Valledupar por presunto doble voto, tras emitir su sufragio en dos mesas distintas de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (Instpecam). La detenida, cuya identidad no ha sido revelada, se desempeñaba como testigo electoral en la mesa 15, donde votó primero, y posteriormente sufragó en la mesa 6, la cual correspondía al lugar donde estaba registrada su cédula. La irregularidad fue detectada durante los controles conjuntos realizados por la Policía y las autoridades electorales en el departamento del Cesar.
El delito de voto fraudulento, tipificado en la legislación colombiana, se configuró al evidenciarse que la mujer participó dos veces en la misma jornada electoral. Las autoridades confirmaron que este caso forma parte de los operativos de control desplegados para garantizar la transparencia de los comicios. En un hecho paralelo ocurrido en Valledupar, una ciudadana fue interceptada con propaganda del movimiento Pacto Histórico y documentos electorales, por lo que se le impuso una medida correctiva al infringir el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, que restringe la propaganda durante el día de votación.
Otra captura en Popayán y las recompensas ofrecidas
La jornada electoral también registró incidentes en otras regiones del país. En Popayán, cuatro personas fueron detenidas por presunta compra de votos, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que “hemos detectado, es la principal amenaza, que es los delitos electorales”. Durante el operativo en esa ciudad, las autoridades incautaron mil stickers informativos, 24 adhesivos de campaña, cinco planillas de testigos y 20 formatos de reclamación E-25.
“Hemos detectado, es la principal amenaza, que es los delitos electorales”
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Para fortalecer la lucha contra el fraude electoral, el ministro Sánchez anunció un esquema de recompensas que busca incentivar la colaboración ciudadana. Se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a capturas relacionadas con delitos electorales; hasta mil millones de pesos por datos que ayuden a proteger a los candidatos presidenciales; y hasta 200 millones de pesos por reportes que permitan neutralizar atentados o identificar a responsables de acciones terroristas. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia durante el proceso electoral para asegurar que la voluntad popular se exprese sin manipulaciones.
