La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura firmó un acuerdo mediante el cual se suspendieron los términos judiciales y administrativos en todo el territorio nacional durante cinco días, del 10 al 14 de agosto de 2026, ambos inclusive. La medida se adoptó como respuesta inmediata al terremoto ocurrido el mismo lunes 10 de agosto, que afectó a varias ciudades del país, entre ellas Cali y otras regiones donde se reportaron daños significativos en la infraestructura física y tecnológica.
El objetivo principal de esta suspensión es proteger la vida y la integridad de los servidores judiciales, evitando que deban desplazarse a sedes que podrían presentar riesgos estructurales tras el sismo. La decisión permite, además, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los consejos seccionales realicen una evaluación detallada de los daños en las instalaciones, determinando cuáles pueden operar con normalidad, cuáles requieren reparaciones urgentes y cuáles necesitan restricciones temporales de acceso. Durante este período, los funcionarios tienen la posibilidad de adelantar trabajo en casa.
Suspensión con garantías procesales
El Consejo Superior de la Judicatura fue enfático en señalar que la suspensión de términos no puede ser utilizada para afectar procesos sensibles relacionados con libertades, vencimiento de términos o prescripciones. La entidad recordó que la medida busca “sin vulnerar los derechos de defensa y debido proceso que rigen el servicio de administración de justicia”, garantizar que la emergencia no tenga consecuencias jurídicas adversas para los ciudadanos. La suspensión pausa el conteo de plazos procesales y administrativos, y las verificaciones en las sedes judiciales determinarán las condiciones para la reanudación de actividades.
“Suspender, entre el 10 y hasta el 14 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive, los términos judiciales y administrativos que se adelanten ante los despachos judiciales”
Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo firmado por su presidenta
La entidad también expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia y señaló que la medida se suma a las acciones nacionales adoptadas para responder a la catástrofe. Las evaluaciones en curso definirán el estado de cada sede judicial, y el Consejo Superior mantiene comunicación permanente con las direcciones seccionales para coordinar la respuesta y garantizar la reanudación segura del servicio de administración de justicia en todo el país.
