La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, lanzó duras acusaciones contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, al denunciar que la eliminación de varias consejerías presidenciales que hizo el mandatario electo busca desmantelar la institucionalidad construida en torno al Acuerdo de Paz de 2016. Carrascal calificó la medida, que De la Espriella justificó como un ahorro fiscal y una reducción de la burocracia estatal, como un ataque ideológico y no una decisión de austeridad. La congresista afirmó que suprimir las consejerías de Reconciliación Nacional, Derechos Humanos y DIH, la Unidad para la Implementación y la figura del Alto Comisionado para la Paz no responde a un ejercicio de eficiencia, sino que constituye un desmantelamiento deliberado de la arquitectura de paz.
El anuncio fue realizado por el propio De la Espriella el lunes 13 de julio de 2026, en una transmisión en vivo, donde detalló la supresión de 229 cargos de la Presidencia, lo que según sus cálculos representará un ahorro anual de 10.000 millones de pesos. El presidente electo, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto, aseguró que las funciones de las consejerías eliminadas serán trasladadas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, con el objetivo de crear una estructura estatal «austera, eficiente y orientada siempre a los resultados». En sus palabras, De la Espriella criticó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y afirmó que no habrá más procesos de «falsa paz» en su gobierno, asegurando que buscará desmontar un sistema que, a su juicio, mantiene en la impunidad los crímenes de guerra de los jefes de las antiguas Farc.
Una confrontación por el modelo de paz
La respuesta de Carrascal no se hizo esperar. La representante sostuvo que la paz no es una política de gobierno, sino un mandato constitucional establecido en el Artículo 22 de la Constitución de 1991 y blindado por el Acto Legislativo 02 de 2017, que incorporó el Acuerdo de Paz como un compromiso de Estado. Para Carrascal, la eliminación de estas entidades envía un mensaje de desprotección directa a las comunidades que habitan en regiones apartadas del país y que han sido las más afectadas por el conflicto armado. La congresista advirtió que la decisión incrementa los discursos de estigmatización contra quienes le apostaron al proceso de paz y que, al trasladar las funciones a ministerios con enfoques de seguridad y defensa, se desvirtúa el espíritu de construcción de paz y garantía de derechos humanos que debe primar en la institucionalidad.
«Eliminar las Consejerías para la Reconciliación, DD. HH. y DIH, la Unidad para la Implementación y la figura del Alto Comisionado para la Paz no es austeridad: es desmantelar la institucionalidad de paz»
María Fernanda Carrascal, Representante a la Cámara
Por su parte, De la Espriella se defendió de las críticas y reiteró su postura contra lo que calificó como un sistema de impunidad. «Los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes y buscaremos desmontar este sistema de impunidad», afirmó el presidente electo, quien ha hecho de la crítica al Acuerdo de Paz y a la JEP uno de los ejes de su discurso político. La decisión, que elimina de un tajo la estructura de paz creada tras la firma del acuerdo en 2016, abre un nuevo frente de controversia política a pocas semanas de que De la Espriella asuma la jefatura del Estado y promete marcar el rumbo de su gobierno en materia de justicia transicional y reconciliación.
