La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, lanzó una dura acusación contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, al denunciar que su plan de eliminar varias consejerías presidenciales busca desmantelar la institucionalidad construida alrededor del Acuerdo de Paz de 2016. La congresista calificó la medida, anunciada por De la Espriella el lunes 13 de julio de 2026 durante una transmisión en vivo, como un ataque ideológico y no una política de austeridad fiscal, como lo ha planteado el mandatario electo.
En su alocución, De la Espriella informó que eliminará 229 cargos de la Presidencia de la República, entre ellos la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y la figura del Alto Comisionado para la Paz. Según el presidente electo, estas entidades duplican funciones y representan una burocracia innecesaria, por lo que serán absorbidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, generando un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales. “Será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, fortaleciendo la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”, afirmó De la Espriella.
Una paz que no es negociable, según Carrascal
La reacción de Carrascal, defensora del Gobierno saliente de Gustavo Petro, no se hizo esperar. A través de su cuenta de X y en declaraciones públicas, la representante advirtió que la eliminación de estas instancias representa un golpe directo a la arquitectura de paz pactada con las extintas Farc en 2016. “Eliminar las Consejerías para la Reconciliación, DD. HH. y DIH, la Unidad para la Implementación y la figura del Alto Comisionado para la Paz no es austeridad: es desmantelar la institucionalidad de paz”, escribió Carrascal, quien además recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017 blindó jurídicamente la implementación del Acuerdo como una obligación del Estado, no como una política de gobierno.
“Estamos frente a una apuesta ideológica de la ultraderecha por deshacer los avances de la paz, debilitar las garantías democráticas y sustituir el cumplimiento de la palabra por la lógica de la confrontación”
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara (Pacto Histórico)
El presidente electo, por su parte, fue contundente al referirse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al proceso de paz en general. “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes y buscaremos desmontar este sistema de impunidad”, declaró De la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto. La postura del mandatario electo, que ha hecho de la mano dura contra la impunidad uno de sus ejes de campaña, contrasta con la visión de Carrascal, quien invocó el artículo 22 de la Constitución, que establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Más allá del debate político, la congresista advirtió que el cierre de estas consejerías envía un mensaje de desprotección a las comunidades en regiones apartadas, que durante años utilizaron estas instancias como puente para acceder al Gobierno central. “Las víctimas, los excombatientes y los líderes sociales que confiaron en el Estado verán cómo se rompen los canales institucionales que garantizaban su participación”, señaló Carrascal, quien denunció además un aumento de los discursos de estigmatización contra los firmantes de la paz. La eliminación de estos cargos, que se materializará en los primeros meses del nuevo Gobierno, abre un nuevo frente de controversia en la transición política del país, donde la paz sigue siendo el eje de la disputa ideológica.
