En un movimiento legislativo de gran impacto para las regiones de frontera, la Cámara de Representantes de Colombia conformó una comisión accidental de 15 integrantes con el propósito de supervisar la compleja situación que se vive en los 2.219 kilómetros de límite con Venezuela. La iniciativa, que abarca seguridad, cooperación bilateral y crisis social, será coordinada por los representantes Diana Riveros, de Norte de Santander, y Jorge Figueroa, de La Guajira, quienes asumen la tarea de articular una agenda de revisión de las relaciones diplomáticas y los compromisos binacionales en medio de un escenario marcado por actividades ilegales y dificultades de control territorial.
Una frontera bajo presión
La comisión accidental tendrá como eje central el análisis del estado de los acuerdos bilaterales en seguridad y defensa, así como la fiscalización de los servicios básicos en los municipios fronterizos. Según el informe de junio de 2026 del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 84 de los 216 municipios de los departamentos colombianos limítrofes registran presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que también está instalada en cerca de la mitad de los municipios de los estados venezolanos vecinos. Esta realidad, sumada a la disputa territorial con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, especialmente en La Guajira y Cesar, configura un panorama de economías ilegales que incluyen narcotráfico, contrabando, minería ilegal y extorsión, potenciado por la existencia de pasos no autorizados y la falta de vigilancia.
«La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu. Por eso asumimos la coordinación de esta comisión: las leyes de frontera ya existen y ahora toca que se cumplan»
Jorge Figueroa, representante de La Guajira y coordinador de la comisión
El representante Figueroa impulsa que la agenda legislativa atienda las necesidades específicas de Maicao, Paraguachón y las comunidades wayuu, comunidades indígenas transfronterizas que enfrentan presiones de economías ilegales y restricciones de infraestructura. Además de la inseguridad, la comisión revisará las dificultades de acceso a salud, agua potable y las deficiencias en infraestructura que padecen los municipios receptores de población migrante venezolana, un fenómeno que se agrava por la falta de control en los pasos no habilitados que impiden una regulación efectiva de mercancías y personas. Con esta comisión accidental, el Congreso busca dar un paso concreto para que las leyes de frontera, ya existentes, se traduzcan en acciones reales en el territorio.
