Los abogados de los exmilitares colombianos procesados en Estados Unidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse presentaron una notificación judicial ante un tribunal federal de Florida en la que aclaran que no recibirán financiación del Gobierno colombiano para cubrir sus honorarios legales. El documento, radicado el 13 de octubre de 2026 bajo el expediente 22-CR-20104, fue firmado por el abogado Juan J. Michelen, de la firma Stumphauzer Kolaya & Sloman, PLLC, y responde a una orden de la jueza Jacqueline Becerra, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La magistrada había solicitado información precisa sobre el alcance de la asistencia que el presidente colombiano Abelardo de la Espriella ofreció públicamente el 6 de octubre a los detenidos y sus familias.
En la notificación conjunta, los representantes legales dejaron claro que el único apoyo gubernamental discutido se limita a dos aspectos: asistencia a las familias de los acusados que residen en Colombia y las gestiones de la embajada colombiana para depositar dinero en las cuentas de economato de los detenidos. Sin embargo, el documento subraya que no se ha prometido ninguna suma de dinero ni se ha establecido una fecha para efectuar dichos depósitos. Esta aclaración surge después de que el presidente De la Espriella anunciara en sus redes sociales que había instruido a los ministros de Defensa y de Justicia para brindar asistencia jurídica y apoyo económico a los militares detenidos en Estados Unidos, generando dudas sobre si existía un respaldo financiero directo para la defensa legal de los acusados.
Un respaldo sin compromisos definidos
La notificación judicial, que lleva el número 2134 del expediente, constituye la respueta formal de los abogados a la orden de la jueza Becerra, quien había dado un plazo hasta el lunes 19 de octubre de 2026 para que las partes informaran sobre la existencia de apoyo financiero gubernamental. En el texto se afirma categóricamente: “No se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para el pago de honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”. Esta declaración disipa las especulaciones sobre una posible interferencia del Gobierno colombiano en el proceso judicial, aunque mantiene abierta la posibilidad de que los detenidos reciban recursos a través de los canales humanitarios que la embajada colombiana en Estados Unidos pueda gestionar.
“No se ha prometido ninguna suma de dinero ni se ha establecido una fecha para efectuar dichos depósitos”
Notificación conjunta de los abogados de los exmilitares colombianos, expediente 22-CR-20104
Los exmilitares colombianos fueron trasladados desde Haití hasta Estados Unidos el pasado 20 de setiembre de 2026 para comparecer ante la justicia federal por su presunta particiación en la planificación, financiación y ejución del asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julilo de 2021 en Puerto Príncipe. Antes de este traslado, la justicia de Miami los había declarado en estado de indigencia, por lo que recibían representación legal mediante asistencia judicial estadounidense. El anuncio del presidente De la Espriella, quien afirmó en redes sociales que “no soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades”, generó inquietud en la corte sobre si los acusados estaban recibiendo recursos extraordinarios que pudieran afectar la imparcialidad del proceso.
Los abogados designados por el tribunal continúan siendo los representantes legales registrados y se encuentran preparando el juicio. Hasta el momento, no han recibido información sobre la contratación de abogados privados por parte de los detenidos o del Gobierno colombiano. La jueza Becerra espera que, con esta notificación, quede zanjada la controversia sobre el origen de los fondos para la defensa, mientras las familias de los exmilitares esperan que la asistencia prometida por el presidente colombiano se materialice en los términos acotados.
