Una auditoría de la Contraloría General de la Nación reveló que veinte particulares sin vínculo laboral con el Estado ejercieron funciones de supervisión en cuarenta y cinco proyectos financiados con regalías por un valor de 343.117 millones de pesos, ejecutados a través del Fondo Mixto Sierra Nevada, con sede en La Guajira. Según el informe, conocido a corte del año 2024, estas personas firmaron contratos de prestación de servicios por 1.254 millones de pesos en honorarios, pero en la práctica asumieron la supervisión directa de las obras, autorizaron anticipos del 50% sin justificación, aprobaron pagos y firmaron informes de cumplimiento, funciones que por ley corresponden exclusivamente a servidores públicos de planta.
El director ejecutivo del Fondo Mixto Sierra Nevada, Andrés Felipe Cleves Daza, habría firmado oficios designando a estos particulares como supervisores de hecho, mientras que la Dirección Técnica de la entidad no ejerció el control que le correspondía. Entre los contratistas señalados están el ingeniero civil Luis Alejandro Martín Merchán, quien estuvo a cargo de dieciséis contratos de obra y autorizó pagos por 85.252 millones de pesos, recibiendo 460 millones en honorarios; Camilo Andrés Piñeros Gómez, encargado de diez convenios, aprobó desembolsos por 121.624 millones de pesos; y Érika Cotes Guerra, quien supervisó casi simultáneamente los cuarenta y cinco proyectos en cinco departamentos y cobró cerca de 1.000 millones de pesos en honorarios. La auditoría también detectó pagos cruzados entre los mismos contratistas: Martín Merchán autorizó 207 millones de pesos a favor de Piñeros Gómez, mientras que Piñeros Gómez aprobó 376 millones de pesos para Martín Merchán, configurando una red de convalidación mutua sin la intervención de servidores públicos facultados.
Irregularidades en la ejecución de los proyectos
Los proyectos, que abarcan infraestructura, educación y saneamiento básico, se ejecutaron en once departamentos: Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. En total, los veinte particulares autorizaron pagos a contratistas e interventorías por 281.298 millones de pesos. De los cuarenta y nueve contratos de prestación de servicios revisados, en cuarenta y ocho se pagó un anticipo del 50% sin que existiera acto administrativo que lo justificara. Además, veintisiete actas de inicio fueron firmadas antes de que se contara con el registro presupuestal, y veintidós contratos se ejecutaron sin la aprobación de las pólizas de garantía exigidas.
La Contraloría también encontró inconsistencias en la verificación de los aportes a seguridad social y parafiscales antes de autorizar los pagos, y advirtió que los perfiles de los contratistas no correspondían con las necesidades de los proyectos, como el caso de una ingeniera civil asignada a un proyecto ganadero. La ley colombiana reserva la función de supervisión de contratos públicos a servidores públicos de planta, y no existía un solo contrato de supervisión que facultara a estos particulares para aprobar desembolsos. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Camilo Andrés Piñeros Gómez, el exalcalde Vicente Berardinelli y Andrés Felipe Cleves Daza por un proyecto ejecutado en el municipio de Barrancas, La Guajira, en noviembre de 2025, según la información disponible, aunque la fecha podría corresponder a un error de registro y referirse al año anterior. Los informes de cumplimiento de los contratistas, que debían ser avalados por el director ejecutivo, fueron aprobados entre los mismos particulares, cerrando el círculo de irregularidades que ahora es objeto de las acciones de control fiscal y disciplinario.
